El Ministerio de Educación anunció que acatará la resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con respecto al caso de Paola Guzmán Albarracín y familiares, que sería el primero sobre violencia sexual, incluyendo acoso sexual en el ámbito educativo ecuatoriano.

El caso será conocido por la Corte IDH, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo presentara para su análisis.

Esa cartera de Estado anunció su apertura para transparentar la información que se requiera en ese proceso y acatar las resoluciones que se dicten desde ese organismo.

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Así mismo, agregó en un comunicado, que reitera el compromiso de implementar las herramientas necesarias para garantizar que esos delitos no se repitan y que no queden en la impunidad.

En un comunicado enviado por la CIDH se mencionó que el caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violencia sexual sufrida por Paola Guzmán, entre los 14 y 16 años, y su posterior suicidio.

El 12 de diciembre del 2002, dos días después de cumplir 16 años, Paola del Rosario Guzmán Albarracín decidió terminar con su vida por la decepción amorosa que le causó el vicerrector del colegio Martínez Serrano, con quien supuestamente mantenía relaciones sentimentales. Once diablillos que ingirió en el almuerzo le ocasionaron horas más tarde la muerte.

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La CIDH concluyó que fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña, incluyendo violencia sexual por parte del vicerrector y por el médico de su colegio.

La CIDH hizo varias recomendaciones al Ecuador, entre ellas: adoptar medidas de no repetición, reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, brindar de forma gratuita e inmediata un tratamiento médico-psicológico a los familiares si así lo desean, llevar con la debida diligencia las investigaciones y procesos penales correspondientes, así como disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales frente a acciones u omisiones de funcionarios estatales.

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No obstante, esas recomendaciones fueron incumplidas por lo que se sometió a la jurisdicción de la Corte IDH, entidad que deberá hacer un pronunciamiento al respecto. (I)