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Un tribunal de primera instancia de Curitiba estimó que el exmandatario de izquierda (2003-2010) se había beneficiado de reformas en una hacienda en Atibaia, a cambio de obtener contratos en Petrobras.


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El Gobierno decidió establecer esta medida para que las Fuerzas Armadas puedan desplegar operativos.
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