La Defensoría del Pueblo exhortó -este viernes- a entidades estatales a que restituyan la personería jurídica de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Gina Benavides, titular de esa entidad, pidió al Ministerio de Educación, que anule la resolución de agosto de 2016 y proceda a restituir por acto administrativo la personería jurídica a la UNE y sus bienes, en respeto y protección a los derechos humanos de sus agremiados y en reconocimiento de sus actividades.

A la Asamblea Nacional para que actúe formal y materialmente todas las leyes que permiten el real y efectivo derecho a la libertad de asociación.

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A la presidencia de la República para que en su calidad de colegislador sancione favorablemente las leyes que garanticen la asociación y libertad sindical.

Benavides no obstante mencionó que la potestad de la decisión es del Ministerio de Educación.

Isabel Vargas, presidenta de la UNE, alertó de la intención de la Comisión Liquidadora de la UNE, de vender los bienes de esa organización.

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La UNE fue formada en 1944 y aprobada jurídicamente en 1950. (I)