La creación de un Comité de Ética de la Asamblea Nacional dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa generó discrepancias, excusas y aclaraciones entre los asambleístas.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga (del grupo autodenominado de la Revolución Ciudadana), que trata el proyecto, denunció que desde la presidencia de la Asamblea se maniobró para evitar que los legisladores asistan a la comisión para aprobar la existencia del Comité de Ética.

Agregó que además se dio una alerta equivocada de que el Comité restaba competencias al Consejo de Administración Legislativa, cuando al final la comisión resolvió una fórmula mixta; esto es, que el Comité de Ética se encargará de investigar a una legislador y recomendar su destitución por hechos de corrupción; mientras que el CAL impondrá sanciones administrativas y hasta multas a legisladores y servidores.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, aclaró que las preocupaciones surgen en cuanto a las funciones que tendría el Comité de Ética.

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Dijo que es importante corregir las falencias detectadas, pero también es necesario aclarar que no se pueden tratar los temas administrativos en el ámbito legislativo, sino aquellos que impliquen el involucramiento de los asambleístas.

Cabezas solicitó mediante oficio a la Comisión de Justicia que se suspenda el trámite de las reformas a la Ley de la Función Legislativa y que primero se explique al CAL el alcance de la conformación del Comité de Ética.

Henry Cucalón (PSC) destacó que la propuesta no quita ninguna atribución del CAL, en el momento de proceder a indagar a una asambleísta por hechos de corrupción. 

Caso Galarza

El martes próximo, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, convocará al pleno para conocer y resolver sobre los informes de la Comisión multipartidista que investigó a la Asambleísta Ana Galarza (CREO). En el Parlamento se debate si luego de conocer los informes sobre Galarza, surja una resolución de destitución o absolución. (I)