Julio, 2015. Casi un año después de que entrara en vigencia en el país el Código Integral Penal (COIP) se presentaba en la Asamblea Nacional un proyecto que proponía una nueva reforma: despenalizar el aborto en casos de violación.

Tres años después, las voces en Ecuador sobre este tema se mantienen divididas y se avivaron a inicios de este mes cuando en el pleno de la Asamblea, el debate del primer informe sobre las reformas al Código Penal (que incluye otros temas) se centró en si debe o no ir a la cárcel una mujer agredida sexualmente que decide abortar.

Alejandra Santillana, vocera de la campaña Aborto Libre, cree que es necesaria y urgente esta reforma porque dice que ni el sistema judicial ni las escasas políticas públicas han logrado cambiar alarmantes cifras como la de 20.000 mujeres violadas, entre el 2008 y 2018, “que fueron obligadas a parir porque así lo establece el COIP”.

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Las cifras, asegura, son de instituciones del Estado como Fiscalía, Senplades y de organizaciones como Surkuna.

Estamos apelando a la sensibilidad de los y las ecuatorianas para que se den cuenta de que no es posible tener mujeres encarceladas después de haber vivido una violación y haber decidido interrumpir su embarazo. No es posible que sigan 326 mujeres judicializadas por la decisión de interrumpir su embarazo, eso es inhumano”, Alejandra Santillana, vocera de la campaña Aborto Libre.

Éber Conde, coordinador provincial de Ecuador Busca Líderes, menciona que de acuerdo con la Constitución (artículo 45), el Estado garantiza la vida desde la concepción, por lo que como grupos Provida rechazan esta reforma y ya prevén realizar una marcha el 16 de febrero próximo. “No concebimos esa idea de que esa vida sea arrancada, porque hay otras opciones; en el caso de que por una violación quede embarazada, por qué ese niño no lo da en adopción”, dice Conde, cuya organización participó en julio pasado en una marcha contra la “ideología de género”.

Beatriz Bordes, de la fundación María Guare, expresa que en el 2018 atendieron cinco casos de menores (de 10, 11 y 12 años) violadas, de las cuales tres quedaron embarazadas.

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Bordes expresa que a la menor y a la familia no se las induce a nada, solo se les informa de lo que dice la ley, se les da tratamiento psicológico y el acompañamiento.

Expresa que esperan que de parte de los asambleístas se realice ese estudio, se escuche a los especialistas, vean casos y efectúen una verdadera valoración de la situación. “Estamos en contra del aborto, pero en estos casos especiales en los cuales se vulnera ese derecho, dónde está el derecho de la niña (...), ahí hay un estudio que debe ser valorado”, expresa.

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Según datos de la Fiscalía del Guayas, entre el 2018 y 2019 se registraron 67 denuncias por aborto en esta provincia, 29 de ellas por aborto no consentido (artículo 49 del COIP).

El asambleísta Henry Cucalón (PSC-MG), miembro de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que trata estas reformas en el Código Integral Penal, expresa que tras el primer debate en el pleno el proyecto regresará a la comisión, y para el informe del segundo debate, que estima será en los próximos meses, se recopilarán y escucharán las distintas versiones como ya se lo hizo sobre este y otros temas. (I)

 

Opiniones

Henry Cucalón, asambleísta

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‘Hay que reforzar el debate sobre el tema’

“Hay que reforzar el debate. Se ‘despenalizó’ el debate sobre el tema del aborto por violación, eso es positivo conceptualmente hablando, eso demuestra una madurez de la sociedad y el Parlamento está escuchando las distintas visiones que tiene la sociedad”, expresa el asambleísta Henry Cucalón.

“En este transcurso del segundo debate, en este y en todos los catorce temas, que son decenas de artículos del Código Integral Penal y ojalá que podamos incluir otros más, bienvenidos todos los aportes”, expresa. 

 

Alejandra Santillana, Aborto Libre

‘Exigimos un plan integral de prevención’

“Somos muy claras. No solo estamos exigiendo despenalización del aborto por violación. Estamos exigiendo que el Estado establezca un plan integral real en términos de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”, dice la activista.

“Estamos esperando que los asambleístas legislen a favor de la salud, la dignidad y la justicia de las mujeres, adolescentes, y niñas (...), darles una opción más en el momento que resulten embarazadas producto de una violación”, agrega, y añade que la campaña seguirá.

 

Éber Conde, Provida

‘El aborto es un segundo trauma’

“El trauma no solo de la violación sino después de saber que ha matado a su hijo es un segundo trauma para la mujer y estamos a favor de la vida y la familia”, dice Éber Conde, de Ecuador Busca Líderes. “Si ve estadísticamente, los abortos por violaciones no son ni el cero punto por ciento”, agrega. “Si hay una reforma, dejamos abierta la puerta no solo para violación sino para otras clases de delitos atroces (...); si por un lado decimos hay que estar a favor de la mujer, de la víctima, sí, pero queda abierta la puerta de que otros delitos queden impunes como el incesto”.

 

Beatriz Bordes, María Guare

‘Esas niñas sufren terriblemente’

“Pese a que nosotros defendemos la vida también vemos eso dual, cómo es posible que una niña de 10, 11 años sea obligada a costa de su propia vida a tener ese ser. Esas niñas sufren terriblemente el momento en que le entregan el hijo y tiene qué dar de lactar...”, comenta Bordes. “Ella (la niña) no quería ser madre, le rompieron la vida, porque no volverá a ser niña nunca, la transformaron de niña a mujer”, dice Bordes y añade que en estos casos especiales de menores se debería hacer un análisis.