La ‘vacancia’ que atraviesa la Corte Constitucional (CC) está por terminar: sus nuevos nueve jueces titulares ya están electos y se encontrarán con unas 13.000 causas por tramitar.

La Comisión Calificadora, que realizó el concurso de selección de los más altos magistrados del Estado, terminó ayer la tarea y remitió al pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición su informe de selección para que sea ratificado.

De lo contrario, si se considera que algún postulante incumplió un requisito, deberá iniciarse un nuevo proceso para seleccionarlo, según cita el artículo 39 del Mandato de Selección. La decisión final se conocerá el lunes.

El proceso pasó por las fases de revisión de requisitos, de méritos, de un examen oral y escrito, y de la impugnación ciudadana, en la que fueron escogidos cinco hombres y cuatro mujeres, quienes alcanzaron las más altas calificaciones.

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En estas fases, la Comisión enfrentó un obstáculo. La renuncia de una de sus comisionadas, Amanda Páez, quien se fue denunciando en un oficio que no podía responsabilizarse de las notas, pues “parece ser que se tomaron fuera de las reuniones formales”.

El pleno del CPC conoció su renuncia y la aceptó sin hacer comentarios sobre el hecho.

Falta aprobación de CPC

Si el informe de esta Comisión es ratificado y ‘validado’ por el Consejo de Participación, los nuevos jueces asumirán sus funciones luego de ser posesionados en el Legislativo.

Encontrarán una Corte que pasó cinco meses en vacancia; en ese tiempo se presentaron cerca de 2.500 demandas ciudadanas.

A ellas se suman las 10.500 que heredaron los jueces que fueron cesados de sus funciones por el CPC en agosto del 2018, por incumplimiento de funciones.

Incluso, el gobierno de Lenín Moreno y el CPC esperaban esta elección, pues están alistando un proyecto de consulta popular para reformar la Constitución, que tendrá entre sus preguntas sustituir a la Contraloría General del Estado por un Tribunal de Cuentas.

En la última fase, los comisionados desestimaron ayer cinco impugnaciones en contra de Enrique Herrería, planteadas por activistas en derechos humanos, que lo cuestionaban por haber suscrito una orden de detención cuando era intendente de Policía del Guayas en 1991, en contra de María Banchón, militante del extinto grupo irregular Alfaro Vive Carajo (AVC), involucrada en el asalto al Banco de Fomento, en el que fallecieron un policía y dos de los asaltantes.

Herrería aseguró que su vida pública ha sido “sin mácula”.

El banco de elegibles estará compuesto solo por ocho personas, esto porque el postulante Stalin Raza se excusó de ser parte del proceso, el 3 de enero pasado. (I)

Fichas de los nuevos magistrados