Patricia Ochoa no había cumplido la mayoría de edad cuando conoció a Jorge Gabela. Era 1980. Ella estudiaba la secundaria; él era un oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) nacido en Quito, que estaba acantonado en Manta, Manabí. La joven soñaba con ser pediatra. No creía, dice, en el príncipe azul. Pero se enamoró. Se casaron cuatro años después y tuvieron tres hijos.

Mientras cuenta a este Diario lo feliz que fue con él, la mujer repasa las láminas de un álbum de fotos. Hay imágenes de su boda, de sus hijos recién nacidos y ya crecidos, de vacaciones familiares, y de logros militares de su esposo, al que describe como un hombre íntegro, cariñoso y protector.

Un poco antes de empezar este diálogo cuenta que tiene que viajar a Quito. La habían convocado a una cita con Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que investiga las cuentas de algunos exfuncionarios y autoridades de la FAE. Esa era una de las últimas diligencias dispuestas por la Fiscalía General, que indaga por segunda ocasión la muerte de Gabela, ocurrida un día como hoy, hace ocho años.

La lluviosa noche del 18 de diciembre, dos sujetos interceptaron a su hija Sofía en el portal de la puerta de su casa, en una urbanización de la vía a Samborondón. Cuando Gabela escuchó los gritos, bajó corriendo. Su esposa lo siguió y oyó disparos. El militar estuvo once días agonizando.

Meses antes, recuerda, Gabela había sufrido una ‘persecución’ por parte, según ella, de altos oficiales de la FAE, molestos por las denuncias de irregularidades en la compra de siete helicópteros Dhruv, de los cuales cuatro se accidentaron años después. Le hacían seguimientos y llamadas amenazantes.

Por eso, ella siempre creyó que el crimen no fue producto de la delincuencia común, como lo aseguraron las autoridades. En el 2012, cinco personas fueron sentenciadas como autores materiales, pero se dejó abierto el caso. Ante los medios, ella marcó el que sería su rumbo: “Esto no acaba aquí”.

Durante seis años la familia Gabela peregrinó de entidad en entidad para descubrir la verdad, aunque no obtuvo respuestas. Ella cuenta que escribió decenas de cartas y pidió reunirse con todo aquel que pensó que podría ayudarle.

Una de esas citas fue con el expresidente Rafael Correa ese mismo 2012. Fue una reunión ‘dura’ y le entregó documentación sobre los Dhruv, dice.

Luego, en un conversatorio, Correa ofreció crear una Comisión de la Verdad. Pero lo que se conformó fue un Comité Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Justicia.

Ochoa cree que ese grupo tuvo como único objetivo “aplacar lo que se venía, el caso se estaba haciendo muy público y las elecciones estaban cerca”. La investigación se desarrolló de manera reservada y los ministros que lo integraban nunca la atendieron o le decían que el único que podía darle información era el presidente. “Me tiraban de un lado al otro, pero no me cansé. Cada vez que me negaban algo, yo seguía con más fuerza. Y creo que eso es lo que me ha hecho sobrevivir un poco a este dolor”.

En el 2015, Correa aseguró en una sabatina que el crimen de Gabela fue por delincuencia común, pese a que en una reunión privada a su viuda le dijeron que eso estaba descartado. A ella le dieron un informe ‘forjado’ meses después.

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, también lo buscó. Y se reunieron en julio del 2017. Ella le pidió que se levantara la confidencialidad de las actas y los documentos del Comité.

En enero del 2018 el caso dio un giro por intervención de la Defensoría del Pueblo, que hizo pedidos para acceder a la información de la Presidencia.

Y Moreno ordenó públicamente la desclasificación de los documentos del Comité.

El pedido de la Defensoría llegó a instancias judiciales; el Ministerio de Justicia entregó, finalmente, el primero y el segundo “producto” del peritaje elaborado por Roberto Meza para el Comité.

En el primero se reseñaba la metodología del trabajo; en el segundo se desechó la hipótesis de la delincuencia común, se hablaba de delincuencia organizada y se remitía a un tercer documento con los nombres de los presuntos responsables. Pero ese no apareció.

Moreno dispuso que el perito venga al país, y se reunió con autoridades y familiares.

El caso se reabrió en mayo de este año; en lo judicial, con el inicio de una indagación previa por parte de la Fiscalía; y en lo político, con la creación de una Comisión Multipartidista en la Asamblea, en cuyo informe se concluye que la muerte de Gabela fue un crimen de Estado.

Ochoa asegura que ya sabe quiénes fueron los autores intelectuales del crimen. No puede dar sus nombres, pero señala que son ex altos oficiales de la FAE. ¿El móvil? Sus denuncias sobre los Dhruv.

¿Hubo conspiración para matarlo? “Los vendedores de armas eran amigos de los ministros de Defensa. Y el presidente Rafael Correa lo sabía”.

La viuda de Gabela espera que, esta vez, la investigación sea transparente. Estará vigilante, como siempre. Porque se lo debe a sus hijos, que en el funeral exclamaron que su padre sí podía despedirse diciendo “misión cumplida”. (I)

Las mentiras, los documentos forjados, la intención de dañar el buen nombre de mi esposo me hacen pensar que este Comité se creó para borrar las huellas que dejó el asesino de Gabela.