La dirigente social y activista opositora argentina Milagro Sala fue absuelta este jueves de haber ordenado un homicidio en 2007, en un juicio en la provincia de Jujuy (norte), pero sigue con prisión preventiva domiciliaria por otra causa por presunto desvío de fondos y extorsión.

En el juicio oral que comenzó el 7 de noviembre por el caso conocido como "Balacera de Azopardo", la fiscalía había pedido 12 años de prisión para la dirigente, a la que acusó de coautora de homicidio agravado en grado de tentativa, según el fallo leído en la audiencia transmitida en directo por el canal La García.

En el mismo juicio, Fabián Avila fue condenado a seis años y seis meses como autor material y responsable de homicidio simple en grado de tentativa. El tercer acusado, Alberto Cardozo, resultó absuelto.

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El 27 de octubre de 2007, Avila interceptó a Cardozo en plena calle en Jujuy frente a una carnicería, ambos intercambiaron disparos y una bala del primero hirió de gravedad a una niña de 11 años que estaba dentro del local.

Milagro Sala había sido acusada de ordenarle a Avila que mate a Cardozo y de haberle pagado con la entrega de una vivienda social, de las que construía la organización Tupac Amaru, que ella dirigía y que recibía fondos públicos para esos emprendimientos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

En su última intervención este jueves antes de conocerse la sentencia, la dirigente de origen indígena y legisladora del Parlasur increpó al tribunal: "Me duele en el alma que hayan tenido que torturar a Cardozo, a Avila y a otro compañero más, para tenerme parada acá".

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"Ustedes siéntanse libres con la decisión que tomen, porque ustedes se quedan acá, los gobiernos se van", agregó dirigiéndose a las tres juezas.

La activista, que cumple prisión preventiva desde el 16 de enero de 2016 en Jujuy, enfrenta múltiples causas. Sus defensores la consideran una perseguida política. Desde diciembre de 2017 está con detención domiciliaria por orden de la Corte Suprema tras un reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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La CIDH, Amnistía Internacional, un comité de expertos de Naciones Unidas y organismos defensores de los derechos humanos han reclamado la liberación de Sala al considerar arbitrario su arresto en Jujuy, donde está enfrentada con el gobernador local, Gerardo Morales, un aliado del presidente Mauricio Macri.

En forma paralela, se lleva a cabo otro juicio oral vinculado a la fundación "Pibes villeros", en el que Sala está imputada de fraude a la administración pública y desvío de 60 millones de pesos (1,5 millón de dólares), en el que la fiscalía pidió que se la condene a 22 años de prisión.

Sobre Sala ya pesa una condena a tres años de prisión en suspenso como responsable de daño agravado, por instigar un 'escrache' (denuncia pública) contra el gobernador Morales. (I)