En salas de Fiscalía, Policía y de Salud se diluye guía contra VIH

Víctimas de violación no reciben atención integral Ha pasado más de un año de la violación que marcó su vida y la de su familia, y aún no se realiza la prueba de VIH para descartar esta infección, que hoy la tienen más de 36.000 ecuatorianos. “No sabía que debía hacerme ese examen, nadie me dijo”, afirma Sofía, de 40 años.Y ese nadie incluye al policía que conoció su caso cinco días después de la agresión sexual, el médico legista que la examinó, los tres fiscales que investigaron su denuncia, las psicólogas de los dos centros donde recibió terapias, incluso su abogada. Sofía se enteró esta semana.Ella no recibió la atención integral del protocolo de prevención de VIH/Sida, es decir, los antirretrovirales hasta 72 horas después de la violación.Cuando fue, en mayo del 2017, a la Unidad de Vigilancia Sur de la Policía en el Batallón del Suburbio, explicó la violación a un uniformado, quien le dijo que debía presentar su denuncia en la Fiscalía de la unidad judicial Albán Borja, pero no le explicó la importancia de los exámenes de VIH/sida. La denuncia de Sofía no fue flagrante (dentro de 24 horas) , sin embargo, dice la comandante de Policía, Tannya Varela, todos los gendarmes conocen que las víctimas de abuso deben someterse a pruebas de VIH.Ella defiende la capacitación de su personal aunque admite que “la sensibilización ante estos problemas no es nada fácil y siempre van a tratar de mezclar la violación como cualquier delito, cuando es algo más allá”.Si el delito es flagrante, los policías deben custodiar a la denunciante –explica Varela– a la Fiscalía más cercana, por lo general a la del Albán Borja.Ahí las víctimas deben esperar un turno para la valoración del médico legista, a veces de pie, junto a decenas de usuarios, empleados, periodistas. Para los exámenes de orina, la víctima debe salir a un baño exterior, a seis metros del consultorio.“Estamos ahí provisionalmente (desde 2016), no es grande, es una oficina pequeña, ya no es culpa de la Fiscalía”, dice el médico legista Alberto Ramírez, al admitir la poca privacidad de los casos, reconocer la falta de capacitación de algunos médicos y el escaso personal de peritos legistas. La Fiscalía del Guayas tiene once médicos . “No nos abastecemos para la gran demanda que hay. Hacemos en Milagro, las 24 horas. Hacemos las gestiones para que se nos incremente el número, pero esos son otros filtros”, dice el fiscal provincial Edmundo Briones.En el caso de Sofía, ella denunció, pero no le hicieron exámenes sino diez días después en la Fiscalía de La Merced.La fiscal para delitos de Violencia de Género, Yoli Pinillo, asegura que “en las recomendaciones (del médico legista) se pide remitir a la víctima al Ministerio de Salud para el control de antirretrovirales... El fiscal lo lee y hace el oficio para que se haga el tratamiento”.Pinillo recuerda que atendió el caso de un joven de 15 años violado por su tío, quien era portador de VIH. En ese caso, señala la fiscal, debió presionar a las autoridades del hospital Guayaquil para que hagan el examen al menor en 24 horas y no en tres meses como le habían agendado en la cita.La subsecretaria de Vigilancia de la Salud, Inti Quevedo, admitió: “En los talleres hemos detectado estas descoordinaciones y por eso se han hecho las capacitaciones”.Mientras, el fiscal provincial y el médico Alberto Ramírez sugieren un convenio entre la Fiscalía y el Ministerio de Salud para que las víctimas de abuso sexual accedan a los antirretrovirales en las primeras horas de ocurrida la violación.En las atenciones psicológicas que recibió inicialmente en la Fiscalía y luego en el Cepam durante un año, a Sofía tampoco le recomendaron ir a un centro de salud para descartar el VIH. Esto pese a que ahí indicaron que conocen este protocolo. “La persona llega, se hace la prueba, le dan el antirretroviral, se hace una prueba no solo de VIH, sino también de hepatitis, si es que no ha recibido vacuna, y luego debe repetir la prueba a los 3, 6 meses y al año”, explica Tatiana Ortiz, coordinadora del Cepam.Por desconocimiento, Sofía no acudió a un hospital público. “Fui a un médico particular, a los públicos no he ido porque no sabía que hacían esa prueba”, comenta la mujer, violada por su sobrino, un policía activo. Uno de los hijos de Sofía, dice, vio la agresión y ha testificado cuatro veces. (I)

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