Los comentarios se regaron en el vecindario de un barrio de Durán, en la provincia del Guayas. Tres hombres dejaron botado a un niño al ver que la policía los perseguía, decían. Otros afirmaban haber visto al mismo menor subiendo a un auto. Eran frases, en las que se repetía un ‘me dijeron que vieron’, y desesperaban a un padre que llamó a la Policía en septiembre pasado porque su hijo había desaparecido.

Al llegar, los uniformados registraron la casa y encontraron al menor dormido envuelto en cobijas. Estaba como si no estuviera en la cama. La escena la cuenta Carlos Fuel, jefe zonal de la Dirección de Policía Especializada para Niñas, Niños y Adolescentes (Dinapen). “De eso salieron hasta audios en redes sociales en los que personas afirmaban haber visto que se llevaban al niño”, añade.

La Dinapen registra en 2018 casi 900 denuncias de supuestas desapariciones de menores de edad, sobre todo adolescentes en Guayaquil, Durán y Samborondón, pero en realidad –la mayoría– se fueron de sus domicilios por diferentes causas. “Las más recurrentes son problemas sentimentales, pérdidas de año”, dice Fuel.

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La Policía tiene la obligación de actuar ante un hecho de supuesta desaparición según los protocolos. “Las primeras horas son las más importantes porque se puede obtener la mayor cantidad de información, antes había que esperar un cierto rango de tiempo para actuar, ahora es inmediato”, afirma.

Hay desapariciones en el país que sí se originan por un secuestro. Es el caso de un niño de tres años que el 31 de enero pasado fue raptado aproximadamente a las 18:30 en Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, por el jefe de su padre. A su madre, María Belén, le avisaron a las 23:00 cuando reciclaba en el centro de la ciudad.

María Belén encontró a su hijo tras ser secuestrado en el sector de Monte Sinaí de Guayaquil por quien era el jefe de su esposo. Foto: Xavier Ramos

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Una semana antes el progenitor del menor le habría pedido a su jefe, un zapatero de nacionalidad peruana, que se haga cargo de su hijo. Luego se ahorcó, según cuenta María Belén. Así E.M. raptó al menor y se lo llevó a Trujillo, en Perú. Tras la denuncia, la Policía coordinó la búsqueda con sus pares del país vecino y el menor fue rescatado el 11 de febrero último y regresó con la madre.

Mediante Acuerdo Ministerial No. 1850 se crea en octubre del 2013 la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), que registra 8.051 denuncias de desapariciones durante este año. Su titular, Víctor Araus, dice que las desapariciones en sí no son un delito, ya que pueden ser ausencias voluntarias o involuntarias. Estas últimas se dan cuando se pierde un niño o una persona con discapacidad. El tema, agrega, es que la investigación puede conducir a que el origen es un secuestro, que ya es un delito.

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El temor sobre el rapto de niños es producto también de circunstancias provocadas por quienes delinquen. “Hay ciertas personas que atemorizan a los padres que van con niños para que ellos obviamente pongan mayor interés en proteger a sus hijos y descuiden sus pertenencias. Y eso facilita que se cometa el robo de la cartera, el celular”, dice Araus.

Son situaciones que se dan más en mercados al aire libre o donde hay aglomeración de personas, según la Policía.

La Dinased reporta desde el 2014 hasta el 15 de octubre pasado 49.780 personas desaparecidas, de las que el 97% (48.123) se han localizado.

El 92,9% de las personas localizadas desaparecieron por voluntad propia; el 5,6% de forma involuntaria (aquí se incluye los casos de pérdidas de niños) y el 1,5% habían fallecido en accidentes, homicidios, asesinatos o de forma natural.

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Del total de personas reportadas como desaparecidas en ese periodo, un 16%, es decir, 7.965 eran menores de edad.

En este grupo está el caso de la niña lojana Emilia Benavides, quien fue reportada como desaparecida, pero realmente fue secuestrada y asesinada en diciembre pasado.

La Dinased registra 87 denuncias de secuestro extorsivo a menores de edad durante lo que va de este año de las que solo tres resultaron reales. Un total de 84 casos correspondió a retenciones indebidas por problemas intrafamiliares.

La línea que separa las causas de estos hechos es delgada. De ahí la importancia de que los policías y fiscales actúen sin prejuicios ante la denuncia de desapariciones y de secuestros, afirma Isabel Cabrera, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador.

El Código Orgánico Integral Penal tipifica el secuestro y la desaparición forzada de personas, pero los familiares de los desaparecidos plantean que también se incluya la desaparición involuntaria para que se persiga como un delito.

Los registros no incluyen los intentos de secuestros que causan alarma social y se viralizan en las redes sociales como el de junio pasado, en el que se observa cómo una niña de 10 años es sujetada por un hombre que la aborda desde atrás y pretende llevársela a la fuerza.

El video fue captado en el sector de San Juan, en Quito, por las cámaras de seguridad de una de las casas del lugar. La menor iba a entrar a su vivienda cuando es sorprendida por el sujeto. “No se consumó porque la niña gritó, pidió auxilio”, cuenta Cabrera.

La Dinased informa que resolvió 141 casos de secuestros desde el 2014, de los que ocho tuvieron como víctima a menores de edad. De estos, cinco correspondieron a un secuestro simple definido en el art. 161 del COIP como “la persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad”.

Uno extorsivo, que es cuando se pide dinero a cambio de la liberación, otro fue una simulación y el último se identificó como trata de personas.

Fuel aclara que no se han registrado casos de cuerpos de niños sin órganos ni el conocido como ‘Reto de las 48 horas’, que consiste en que los adolescentes simulan una desaparición para que sus familiares y conocidos enciendan la alarma en las redes sociales. Al final gana el caso que más reacciones obtenga. (I)