Vanessa Mejía, despedida del Ministerio de Justicia tras la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado, llevaba trabajando como supervisora en esa cartera de Estado un año y siete meses, y desde su ingreso, dice su abogado Andrés Benítez, reportaba permanentemente fallas del sistema y de los grilletes electrónicos.

Mejía tenía a cargo cinco operadores del sistema, que vigilaban a 300 usuarios de grilletes: 60 cada uno. El ministro de Justicia (e), Paúl Granda, dijo que en el país hay 2.400 personas con los dispositivos.

Y sobre el que usaba Alvarado, dijo Benítez, su clienta sí reportó las fallas que presentaba y mostró algunos correos electrónicos. “Si es que los mandos altos no le notificaron (al ministro Granda), eso ya no es responsabilidad de nosotros, nosotros cumplimos con realizar nuestro aviso a nuestro jefe inmediato superior...”.

Y una de las últimas fallas que llegó a conocer fue la caída total del sistema una hora después de que el propio Alvarado comunicara su fuga. “Se cayó a las 18:30 por dos horas, y obviamente eso no sale a la luz (...) Recién regresó como a las 20:30, a lo mejor facilitaron por ahí cualquier asunto para que pase lo que pasó...”, sostuvo Benítez.

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Sin embargo, los operadores del sistema no fueron los únicos que reportaron las fallas de los grilletes. Los problemas se conocieron a través de al menos otras tres fuentes.

A fines del 2017, el exasambleísta y opositor al régimen de Rafael Correa, Cléver Jiménez, advirtió a este Diario de la facilidad con que se podía remover el dispositivo electrónico. Indicó, entonces, que bastaba un destornillador para zafarse del aparato en pocos minutos.

Contactado recientemente, Jiménez sostiene que las autoridades siempre conocieron de las fallas de los aparatos. “Sabían que estos dispositivos eran de pésima calidad, que no servían como seguridad y que eran fácilmente removibles”.

Jiménez recuerda que a diferencia de otros usuarios de grilletes como Alvarado, a él lo vigilaban de forma extrema. “Además que yo no me iba a escapar porque yo era inocente”.

Advertencia a jueces

Otra de las alertas de las supuestas fallas de los dispositivos llegó desde el Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio, y fue dirigida a los operadores de justicia. El vocal Aquiles Rigaíl indicó que la advertencia se produjo tras conocerse un informe de la Contraloría sobre la compra y el funcionamiento de los grilletes.

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Ese comunicado, que pedía que los jueces se abstuvieran de disponer el uso de esos aparatos, fue enviado por el Ministerio de Justicia el pasado 8 de agosto, un día antes de que la jueza nacional Silvia Sánchez ordenó, por pedido de la Fiscalía, que Alvarado utilice el dispositivo electrónico, entre otras medidas cautelares.

Pero ese escrito no llegó al CJ sino hasta el 29 de agosto, y dos días después, señala esa institución, fue socializado “con los jueces del país...”.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) salió al paso y aclaró en un comunicado que hasta el viernes pasado a la Secretaría General no había ingresado dicho documento con la referida advertencia.

Un mes después, el 26 de septiembre, otra alerta llegó a través de Liliana Guzmán, quien a raíz de la fuga de Alvarado dejó el cargo de viceministra de Rehabilitación Social.

Ante Asamblea

El legislador Luis Fernando Torres, miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea, recuerda que Guzmán informó de las fallas en el sistema que controla los grilletes, y que presentó documentos. “Si ella tenía documentos, se entiende que otros funcionarios tenían la misma información; alertó que había algunos problemas sobre la ejecución del contrato. Tendrán que asumir las responsabilidades las personas que conocían de las fallas del sistema y nada hicieron...”.

Sobre un probable juicio político en contra de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Justicia, Torres dijo que se analizaría una vez que hayan comparecido todos los citados ante el Pleno de la Asamblea.

Y el abogado Benítez adelantó que está preparando la defensa de Mejía, en caso de que a la Fiscalía “se le ocurra hacer una imputación argumentando una omisión dolosa o una omisión culposa...”.

Calificó como extraño que dos días antes de la fuga de Alvarado, el gerente del Proyecto de Dispositivos de Geoposicionamiento, Roberto Vaca, haya renunciado a su cargo. (I)

Lo peor de todo y más apresurado es el hecho de que el señor ministro haya realizado observaciones inexactas en que manifiesta que la señorita (Vanessa) Mejía no ha realizado su trabajo...”. Andrés Benítez, abogado