El expresidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, habla de los calificativos que han existido contra él y su gestión luego de denuncias de presuntas irregularidades en la construcción del Complejo Judicial Norte. Asegura que no saldrá del país, pero cree que es injustamente duro el tener estos problemas por haber sido un funcionario público que además actuando siempre en el marco de la ley.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana de transición, Julio César Trujillo, ha dicho que a usted debieron haberlo cesado por “pícaro” y no por su “intromisión en la justicia”. ¿Qué opina?

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A nosotros no nos cesaron ni por intromisión en la justicia, peor por pícaros, nos cesaron por animadversión política. No encontraron ninguna causal para la destitución, todas las que alegaron fueron desvanecidas, así que ese es solo un comentario de animadversión política lamentable de un funcionario que debería mostrar imparcialidad, independencia, ponderación.

Vocales del CJ transitorio señalan que un examen determinó irregularidades en contratos de consultoría y diseño y hasta adjudicación de proyectos para grupos con nexos familiares con una de las exautoridades de la institución entre el 2011 y el 2013. ¿Qué responde?

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Nuestros directores nos informaron que a muchos de esos contratos de la transición se los declararon incumplidos, se les ejecutó garantías, se les cobró multas. Yo no tengo porqué defender a la transición, ellos tendrán que argumentar sobre sus decisiones, pero nosotros en el campo de nuestras competencias tomamos decisiones en relación con contratistas incumplidos, ejecutamos garantías, cobramos multas y en relación con las obras que nosotros contratamos, por ejemplo, Complejo Judicial Norte de Quito, todas fueron por licitaciones en las que se establecían los costos referenciales de esas obras a través de consultorías previas que también eran licitadas.

Al menos en dos casos se los estaría investigando de forma previa por delitos como fraude procesal y tortura. Lo solicitan exalumnos del Colegio Mejía y expolicías sancionados dentro del caso González y otros. ¿Hay otras investigaciones que le hayan notificado?

Hay una en un tema en Galápagos que me acusan de haber remodelado la oficina de un juez y que haber hecho eso influye en su psicología para que dictamine a favor del Estado en una acción de protección que ni siquiera sabía que existía. En otra, es un abogado que habla de fraude procesal en un tema que fue sentenciado en Tungurahua y que dice que el fiscal tuvo una consigna para atacarlo. Ni le conozco al fiscal, ni al juez. Tengo como cuatro o cinco de esta naturaleza.

¿Y qué responder ante estas acusaciones de fraude procesal y tortura? Se dice que usted fue parte de esta estructura que manejó la justicia para condenar a opositores.

Realmente en alguna de esas denuncias, si no en todas, en su momento tendrán que ser declaradas maliciosas y temerarias. Porque acusarme de tortura, que yo he torturado a los estudiantes del Colegio Mejía, es un despropósito absoluto. Cómo pueden acusar a alguien de tortura solo por haber sido presidente del CJ. En cambio, en González y otros no entiendo porqué estoy en esa lista. (...) Ninguno de los casos tiene una base legal fuerte. Algunas denuncias son realmente demenciales.

Mientras usted estaba en el CJ decía que la justicia de Ecuador era más robusta, más fuerte, más creíble, ¿Cómo ve la justicia a meses de que dejó el cargo?

Lo que sí puedo decir objetivamente, más allá de dar mi opinión, es que el servicio judicial se está deteriorando fuertemente. Administrar la Función Judicial no es nada fácil, hay que trabajar duro y se deteriora si no se administra en el campo de las competencias del CJ.

Juan Pablo Albán, vocal del CJ transitorio, antes de dejar su cargo habló de que en el edificio principal del CJ hay cámaras y micrófonos que se prenden a determinadas horas en los ascensores, e incluso de que hay equipos de escucha telefónica. ¿Ustedes dejaron esos sistemas?

El doctor Albán si ha visto esos equipos tendría que decir dónde están. Esa es una denuncia gravísima, tendría que decir dónde están esos equipos y se debería investigar quién los compró, quién los usó y quién los está utilizando. Por supuesto que en nuestra administración jamás se usaron ni cámaras ni equipos de esa naturaleza. Si el doctor (Albán) ha dicho esto quiere decir que los ha visto. Entonces si los ha visto tiene la prueba de que existen y si tiene las pruebas de que existen deberá investigarse. (I)

No me arrepiento de todo el trabajo en beneficio de la Función Judicial que pudimos hacer, pero por supuesto que nadie espera tener estos costos políticos, familiares (...)”.Gustavo Jalkh, expresidente del CJ