“Es verdad que se ha demorado algún tiempo este proceso porque se han escudado atrás de un informe reservado. Pero un informe reservado, señor juez, no puede irse en contra del derecho a saber la verdad por parte de las víctimas”. Lo reconoció el fiscal Fabián Salazar, de la Unidad de Personas y Garantías de la Fiscalía de Pichincha, y así concluyó ayer la lectura de los 36 elementos de convicción que le sirvieron para formular cargos contra el teniente coronel del Ejército Wilson R. y el mayor del Ejército Vicente N.

A los dos se les inició una instrucción fiscal de 90 días por el delito de ejecución extrajudicial, a casi ocho años de que se registró el asesinato del policía Froilán Jiménez, la noche de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, mientras se sacaba del Hospital de la Policía al entonces presidente Rafael Correa.

La Fiscalía no formuló cargos contra el capitán Gilmar A. y el mayor Luis D., otros de los oficiales del Ejército que fueron detenidos el martes para investigación una vez que fueron llamados a rendir versión dentro del caso por el fiscal Salazar.

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Entre los 36 elementos de convicción resaltó un informe técnico-pericial de identidad morfológica fisonómica, mediante el cual, aseguró Salazar, se logró identificar en el lugar la presencia de los dos oficiales.

Edwin Romero, defensa de la familia Jiménez, dejó en claro que Froilán como comando del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) fue a cumplir su deber en una evacuación presidencial y nunca fue parte de los sublevados.

Señaló el abogado que en estos 90 días de instrucción se deberá incluir a más personas como procesados y para esto pedirán versiones de ministros y de exfuncionarios que a pretexto de que el expediente era reservado no proveyeron información y tampoco acudieron a dar versiones en el caso.

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La defensa de los militares, Rafael Pérez, aclaró que sus dos clientes al igual que la víctima que fue a “rescatar al presidente Correa” también estaban “con la misma labor, protegiendo”.

Sobre la pérdida del armamento que estaba en manos de uno de sus defendidos aquel día, Pérez indicó que todo ha sido denunciado y es parte del expediente. (I)

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Medidas cautelares

El juez de Flagrancia, Roberto Cueva, ordenó para los dos oficiales la prohibición de salida del país y que se presenten los lunes y viernes ante el fiscal Fabián Salazar. Las medidas fueron solicitadas, según el fiscal, debido a que son funcionarios públicos y militares en servicio activo.