Por los próximos 60 días, la Corte Constitucional (CC) se mantendrá en una etapa de “vacancia” jurisdiccional, que implica la suspensión de plazos y términos en el tratamiento de las causas.

Este fue el efecto inmediato de la determinación que tomó ayer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) de transición, al ratificar la cesación anticipada de funciones de los nueve jueces constitucionales.

Alfredo Ruiz, Pamela Martínez, Ruth Seni, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Manuel Viteri, Francisco Butiñá, Marien Segura, Roxana Silva, fueron hasta ayer las máximas autoridades del máximo organismo de control constitucional del Estado.

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Perdieron sus cargos, entre otras razones, por la “gravedad” en el incumplimiento de funciones, al mantener represadas unas 10.000 demandas ciudadanas, según el informe de evaluación del CPC.

El fallo final –en el que se rechazaron los recursos de revisión a la cesación anunciada el 23 de agosto– incluyó un ítem de calificación a la “actitud del funcionario”. Por ejemplo, a Ruiz, que era el presidente de la CC, se lo observó por “ocultar información relevante” en su hoja de vida, como haber ocupado un cargo en el 2007, por designación del exgobernante Rafael Correa. Eso es “falta de honestidad y rectitud”, constaba en el dictamen.

Los votos a favor de cesarlos fueron de Julio César Trujillo, Luis Macas, Miryam Félix, Luis Hernández, Pablo Dávila y Eduardo Mendoza. Xavier Zavala se abstuvo, pues es la postura que ha mantenido desde el inicio de la evaluación a estas exautoridades.

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En esta ocasión no se designó una Corte transitoria, por “prudencia”, aclaró Trujillo. Pero se dispuso convocar al concurso de méritos para seleccionar a los nuevos jueces, que debe hacerla una Comisión Calificadora, conformada con dos delegados de cada una de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia, según el artículo 434 de la Constitución.

Estas mismas funciones deberán remitir “al menos nueve candidatos”, quienes participarán en el concurso para ser juez constitucional, reza un inciso del artículo 25 del Régimen de Transición constitucional.

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Es así como en los próximos 60 días que deberá sustanciarse este concurso, está declarada una vacancia “de todas las acciones, demandas, peticiones” que los ciudadanos presenten; y serán tramitadas por las futuras autoridades. Además se suspenden los plazos y términos para tratar los casos.

El transitorio solo debe conocer el pedido de revisión a la cesación de tres jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para concluir con la evaluación de las autoridades de control, que se determinó en la consulta popular el 4 de febrero pasado.

Incluso ayer cesó a Fernando Cordero, de la superintendencia de Ordenamiento Territorial, por no tener un título de cuarto nivel reconocido en la Senescyt, e incumplir un requisito de la Ley de Ordenamiento Territorial. Su reemplazo es Xavier Arboleda, quien asumirá por encargo la función. (I)