La Defensoría del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica del Ecuador, la Misión Scalabriniana Ecuador y la Defensoría Pública del Ecuador presentaron medidas cautelares en el Complejo Judicial Norte de Quito contra la decisión del gobierno de exigir la presentación del pasaporte a los ciudadanos venezolanos para ingresar al país.

Según el documento de 21 páginas, los derechos amenazados y vulnerados son: el derecho a migrar y a la libertad de circulación, el derecho a solicitar refugio, el derecho de niños, niñas y adolescentes, unidad familiar e interés superior, el derecho a la igualdad y no discriminación.

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Además, el documento que correspondió conocer a la Unidad Judicial de Niñez y Familia señala que la medida que adopta el Ministerio del Interior de exigir que el documento de entrada al territorio ecuatoriano, incluso si se trata de población venezolana, no es proporcional para evitar la comisión de delitos como la trata y provoca una situación de vulnerabilidad para esta población.

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La decisión del Ejecutivo entraría en vigencia desde este sábado 18 de agosto, pero si un juez acepta las medidas cautelares presentadas por estas organizaciones podría ser suspendida, señala Mario Melo, director del Centro de Derechos Humanos de la PUCE.

Para Melo, es importante que la academia, conjuntamente con organismos estatales de protección concurran en defensa del estado de derecho y de los derechos humanos de los menos favorecidos.

"Hay que hacer un contraste con las prácticas abusivas que caracterizaron al gobierno anterior en materia de derechos humanos", expresó Melo. (I)