Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio, se opuso ayer a la decisión del presidente del organismo, Marcelo Merlo, de suspender a la jueza Paola de los Ángeles Dávila López, por levantar la medida de prisión preventiva en contra de Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social.

Albán calificó al hecho como una “intromisión indebida en una actividad estrictamente jurisdiccional” y, aunque aclaró que el presidente del Consejo tiene potestad para hacerlo, cuestionó que no se haya seguido un proceso ordinario para establecer esta sanción, ni que se haya dado a la funcionaria la posibilidad de defensa.

“La jueza debe haber tomado esta decisión en función de elementos específicos que nosotros no estamos llamados a evaluar... mi problema es con el presidente del Consejo de la Judicatura que en todos lados está diciendo, al igual que el resto de vocales, que no vamos a comprometer la independencia judicial (y), de repente, comprometa la independencia judicial a través de la suspensión de una jueza por la toma de una decisión de carácter jurisdiccional”, explicó Albán.

El vocal pedirá tratar el tema en la próxima sesión del Consejo e informó que ayer habló con Merlo sobre su “profunda indignación en relación con esto porque nosotros hemos jurado erradicar estas malas prácticas y estamos incurriendo en ellas”. Este Diario se comunicó con Merlo por varias ocasiones pero no obtuvo respuesta.

El Observatorio de Derechos y Justicia le dirigió una carta de preocupación sobre la suspensión porque la considera una medida excesiva que no corresponde al Consejo. Y pide que se aclare y explique las razones para tomar esa decisión. “Confiamos que el Consejo no repita los errores cometidos por su antecesor”, señala la misiva firmada por su directora ejecutiva, María Dolores Miño.(I)