A través de una carta enviada el pasado 5 de abril, las Cámaras de la Construcción del país solicitaron al presidente Lenín Moreno la remisión de las deudas que el sector mantiene con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por intereses, multas y recargos; y la exoneración del anticipo al impuesto a la renta para este año.

Enrique Pita, presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, confía en que se acoja el pedido, puesto que ha reconocido el golpe que tuvo el sector por la ya derogada Ley de Plusvalía.

¿No fue suficiente con la derogación de la Ley?
La derogatoria de la ley fue un aliciente y una buena noticia. Desde que se anunció que se iba a presentar esta derogatoria ya hubo efectos positivos; el mercado se comenzó a mover, los proyectos se comenzaron a desempolvar. Pero no es suficiente. Lamentablemente la actividad de la construcción se mueve mucho sobre el factor confianza: confianza en que las condiciones económicas del país permitan que el esfuerzo, el riesgo que el empresario privado pone respecto a su patrimonio, tenga un entorno favorable.

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Han pasado 25 días desde que se hizo el pedido, ¿qué expectativas tienen?
En el caso de la remisión tributaria consideramos que es lo más justo para los constructores, por varias razones. En el caso de los públicos, el Estado con el sombrero de deudor no les paga las planillas y con el de acreedor les cobra multas si no cumplen sus obligaciones con el SRI y con el IESS.

De alguna manera responsabilizan al Estado el no poder pagar sus compromisos por las deudas que mantiene.
Creo que el Estado todavía adeuda unos mil millones de dólares a los contratistas públicos, pero no solo es el caso de ellos, sino de los promotores que tuvieron que paralizar sus obras y que también tienen obligaciones con el IESS por trabajadores que tuvieron que despedir.

Cuando el presidente presentó su plan económico dijo que la eliminación del anticipo al impuesto a la renta se concretaría para el 2019, ¿por qué piden que sea ya para el sector?
Porque ya nosotros debemos estar pagando para el 2018 un anticipo, y esto se calcula con activos que en el caso del sector son improductivos. El constructor de caminos que tiene equipo pesado y que no puede usar porque no hay contratos; el que compró un terreno y no puede edificar porque el mercado está caído. Y el artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario faculta al presidente para que reconozca la exoneración para un sector que acuse pérdidas.

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¿Cómo va el trámite?
Recibimos una comunicación de la Presidencia en la que nos dice que nuestro pedido ha sido enviado al SRI. Tenemos confianza en que se reconozca que nuestra posición es justa por el hecho de que es una actividad que ha tenido pérdidas en los últimos tres años. (I)