Si se incluían los saldos de las preventas de crudo al 31 de diciembre de 2016, el monto de la deuda pública hubiese alcanzado los $ 40.259 millones. Es decir, se habría ubicado por encima del límite máximo de endeudamiento que –de acuerdo con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip)– es del 40 %. Según la Contraloría habría sido del 41,84 % y, por tanto, ilegal.

Este cálculo consta en el informe preliminar de auditoría de la deuda contratada en el periodo que va desde el 1 de enero de 2012 hasta el 24 de mayo de 2017.

Los auditores del organismo de control explican que en esos años se registraron cinco contratos de venta anticipada de crudo, por un total de $ 8.200 millones: uno con PetroChina Company Limited, dos con Unipec Asia Co y dos con PTT International Trading of Tailandia.

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En sus conclusiones, no obstante, señalan varias irregularidades: que las preventas fueron registradas como “contratos comerciales” y no deuda pública, que el dinero que llegó no tenía un proyecto a financiar y sirvió para “dar liquidez” al presupuesto, y que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no emitieron la normativa técnica ni verificaron que con estas obligaciones se sobrepasaba la relación deuda/PIB.

La Contraloría determinó que de los $ 8.200 millones contratados del 2012 al 2016, $1.600 millones no fueron desembolsados por PTT International Trading of Tailandia.

Por otra parte, ya en enero de este año, ni el MEF ni Petroecuador pudieron explicar a los auditores el destino y utilización del dinero de estas operaciones. El Ministerio dijo que esos fondos ingresaron a la Cuenta Única del Tesoro y que al ser fungibles “no era posible determinar su uso específico”. La petrolera contestó que “el área de Tesorería no dispone de la información solicitada”.

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Las ventas anticipadas de crudo, además, han sido revisadas por la Contraloría en una decena de exámenes especiales, en los que se han determinado, por ejemplo, que la mayoría de acuerdos no contaron con informes técnicos para establecer la cantidad de petróleo que se enviaría a cambio del anticipo.

Una investigación de EL UNIVERSO publicada el 11 de diciembre del año pasado reveló que Ecuador recibió $ 18.020 millones de 13 preventas petroleras realizadas desde el 2009, en condiciones financieras que no resultaron favorables: las tasas de interés no disminuyeron como esperaban las autoridades y la cantidad de barriles comprometidos no guardaba relación con el ingreso económico real para el país.

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En el informe preliminar de auditoría, la Contraloría también observa que hubo pagos a PTT International Trading que no se realizaron con crudo, sino con dinero en efectivo. Fueron $ 35,9 millones pagados por el Ministerio de Economía.

Esas transferencias sirvieron a los auditores para argumentar que de ese modo se “confirma que las operaciones correspondientes (...) fueron de endeudamiento público, satisfechas con la entrega de crudo y con pagos en dólares”.

En sus conclusiones, el equipo de Contraloría indicó que los ministros de Economía (que para el periodo de la auditoría fueron Patricio Rivera y Fausto Herrera), así como los subsecretarios de Financiamiento Público y directores nacionales, no emitieron las regulaciones y normativa respectivas e incurrieron en omisiones que van en contra del plan de fortalecimiento y sostenibilidad del Coplafip.

Descargos
A través de su procurador judicial, Alexis Mera, el expresidente remitió un oficio al contralor Pablo Celi, en el que insiste que las preventas son operaciones comerciales.

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Base legal
Se basa en el reglamento del Coplafip: “La venta anticipada de un bien o servicio de una empresa pública no se considera deuda pública”. (I)