Si se incluían los saldos de las preventas de crudo al 31 de diciembre de 2016, el monto de la deuda pública hubiese alcanzado los $ 40.259 millones. Es decir, se habría ubicado por encima del límite máximo de endeudamiento que –de acuerdo con el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip)– es del 40 %. Según la Contraloría habría sido del 41,84 % y, por tanto, ilegal.