¿Por qué solo se auditó al campo Singue?, se pregunta Silvana Pástor, representante de Gente Oil, firma encargada de prestar los servicios de exploración y explotación de crudo en Singue, campo cuya adjudicación se investiga en la Fiscalía e involucra al expresidente Rafael Correa.

Este campo, ubicado en Sucumbíos, es uno de los nueve que salieron a licitación en la décima ronda petrolera, en 2012, y fue adjudicado al Consorcio DGC, conformado por las firmas Dygoil y Gente Oil.

La Fiscalía actúa en base al examen especial de Contraloría que encontró irregularidades, como –por ejemplo– que el Consorcio DGC no cumplió con requisitos operativos y financieros, que no consideró el 100% de las reservas, sino apenas el 80%; que la tarifa fijada por barril de petróleo ($ 33,5, ingreso del contratista) no fue desglosada, que era muy alta y que provocó en el tiempo auditado un perjuicio al Estado por $ 5,2 millones; y que la transferencia de operaciones del Consorcio DGC a Gente Oil, en 2014, fue ilegal.

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En marzo del 2012, el contrato fue adjudicado al Consorcio DGC –que había sido el único oferente– por el entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor, padre de Silvana, quien para esa época trabajaba como alta ejecutiva de una concesionaria automotriz. Sin embargo, meses después de la adjudicación ella ingresó a Gente Oil como vicepresidenta administrativo-financiera y en 2014 –tras la cesión de derechos– se convirtió en su representante legal y apoderada.

Del informe de Contraloría se desprendieron responsabilidades administrativas (pedidos de multas y destituciones), civiles (glosa por $ 5,2 millones) y penales (a cargo de Fiscalía).

“El informe de Contraloría carece de sustento técnico y legal, es totalmente equivocado y demuestra un desconocimiento absoluto del sector petrolero por parte del equipo auditor”, dice Silvana Pástor, al tiempo que lamenta que “se han presentado los descargos en todas las instancias, pero no han cambiado una letra de sus informes”.

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Niega que exista un perjuicio al Estado y asegura que la tarifa de $ 33,5 es parte de un contrato “de prestación de servicios”, en los que el Estado “a diferencia de los anteriores, de participación, no pone ni un dólar” y la contratista asume el riesgo de la inversión”.

Rebate a los auditores: “La ley no dice que se tiene que desglosar la tarifa. Nos han puesto un equipo de auditoría que no tiene idea”. E insiste en que “técnicamente es imposible extraer el 100% de las reservas probadas, que son una estimación”.

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Silvana Pástor explica que la carta de César Guerra, como gerente de Dygoil al expresidente Rafael Correa, en el 2011, en la que el Consorcio Petrolero Amazónico plantea una tarifa de $ 29,3 para la explotación del campo Singue, no es comparable con la suya ($ 33,5), puesto que “son riesgos y consorcios totalmente diferentes”.

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Correa, sin embargo, en Twitter y en su versión ante la Fiscalía, tomó distancia del tema. Dijo que en su administración no había oído del campo Singue y difundió un oficio en el que su subsecretario de despacho presidencial, Jorge Troya, remitía en ese mismo año, a Dygoil para que trate el tema con Wilson Pástor y Marco Calvopiña, exgerente de Petroecuador.

Según Gente Oil, la inversión de $ 120,9 millones realizada en estos 5 años en el campo Singue superó lo previsto en los 20 del contrato ($ 27,4 millones), lo que le permitió dejar un beneficio al Estado de $ 437 millones. Mientras, la Contraloría ratifica su auditoría. (I)

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60 Millones de dólares
Es el flujo de caja negativo registrado por Gente Oil, pues asegura que aún no está en fase de inversiones.