El Gobierno estadounidense de Donald Trump fijó como plazo el 5 de marzo para que expire el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado por Barack Obama y que protege de la deportación a unos 700 mil jóvenes que llegaron a EE.UU. siendo niños, llamados ‘dreamers’.

Ante el plazo, el escenario de inminentes deportaciones elevó la tensión entre los inmigrantes, no obstante, el 9 de enero pasado, un fallo del juez federal de California Willam Alsup canceló temporalmente la orden del gobierno de Trump y alivió la situación de los jóvenes indocumentados.

Cuando el mandatario canceló el programa el pasado 5 de septiembre dio un plazo al Congreso para que acuerde una solución, posteriormente señaló que si no lo logra, él tomaría las decisiones.

Publicidad

Los legisladores fracasaron, no han logrado aprobar un proyecto de consenso para legalizar a los dreamers y el tema incluso mantuvo en vilo a EE.UU. al mantener en suspenso la aprobación del presupuesto.

El gobierno de Trump ha condicionado la legalización de los dreamers a cambio de construir el muro en la frontera con México, entre otras medidas de control migratorio.

Trump tuvo otro fracaso el 26 de febrero, cuando la Corte Suprema de EE.UU. rechazó una petición hecha por el mandatario en la que pidió que se sentara un precedente en todo el país para que los jueces le dieran el permiso de acabar con el programa.

Publicidad

La decisión ayuda a los jóvenes, aunque temporalmente.

En Houston, Texas, alrededor de 11.000 personas solicitaron la renovación del DACA, en las semanas posteriores al fallo del juez William Alsup.

Publicidad

Los fallos han mitigado algo de la urgencia por la fecha límite impuesta por el Gobierno para el 5 de marzo, cuando las protecciones que el DACA concede podrían expirar.

En tanto, en el Congreso la batalla en torno a las leyes inmigratorias dejó de ser un tema prioritario y fue relegada a un segundo plano.

Ya casi no hay movimiento en las negociaciones en procura de un acuerdo bipartidista que ofrezca la posibilidad de hacerse ciudadanos a los jóvenes sin permiso de residencia.

“Las perspectivas de que se aprueba una ley sobre la inmigración, grande o pequeña, son muy, muy pobres”, admitió Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, agrupación que defiende los derechos de los inmigrantes.

Publicidad

La desconfianza entre los dos partidos se ha intensificado y aumentan de ambos lados las sospechas de que el otro quiere usar la inmigración como arma política en las elecciones de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso.

Activistas planean manifestaciones en el país para tratar de poner el tema nuevamente en el candelero. (I)