El procurador general del Estado, Diego García Carrión, renunció la tarde de este miércoles luego de ocupar esa función durante una década. En su lugar queda provisionalmente Rafael Parreño Navas, quien se desempeñaba como subprocurador.

La designación del reemplazo definitivo estará a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuya estructura y funcionamiento serán consultados en el plebiscito que se realizará el próximo domingo.

La pregunta 3 plantea la disolución del actual CPCCS, para que un Consejo transitorio evalúe a las actuales autoridades de control, entre ellas, al titular de la Procuraduría.

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En rueda de prensa, García señaló que su decisión es personal y familiar, y que esta no se relaciona con la consulta.

García llegó al cargo de procurador por designación de la Asamblea Constituyente de Montecristi, en el 2008, luego de que el entonces presidente Rafael Correa postulara su nombre en una reunión del bloque PAIS.

La Asamblea Nacional lo ratificó en esa función en el 2011 y el CPCCS lo eligió por tercera ocasión en el 2015.

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En su despedida, ayer, García presentó una rendición de cuentas, según la cual bajo su administración el Estado se vio obligado a pagar $ 2.220 millones a inversionistas extranjeros que plantearon demandas en tribunales arbitrales internacionales. Mientras que las sentencias a favor del Estado ascendieron a $ 47,55 millones, dice el documento.

Esas cifras fueron reconocidas por García como un logro de su gestión, pues las demandas de los inversionistas eran mucho mayores. Según el exfuncionario, se evitó pagar el 83% de los montos exigidos en las demandas, esto es, $ 10.745 millones.

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La última sentencia contra el Estado alcanza los $ 515 millones a favor de Petrobras, cuyo contrato de explotación petrolera se liquidó ante un tribunal arbitral. Según García, se estudia la posibilidad de plantear la anulación de esa decisión o iniciar conversaciones directas con la empresa brasileña.

Asimismo, según las cifras presentadas por García, la Procuraduría ganó el 72% de los procesos judiciales tramitados en la justicia nacional.

Por último, García dijo que está dispuesto a acudir a la Asamblea Nacional para explicar su gestión dentro del caso Odebrecht, si esta hace un pedido oficial.

Señaló que antes de dejar su cargo, envió a la Legislatura un informe detallado de todos los casos de corrupción seguidos por la Procuraduría, incluido el caso Odebrecht. 

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El pasado 15 de diciembre, el presidente de la Asamblea, José Serrano, anunció que convocaría a Diego García a la Asamblea para que informe sobre su actuación frente al juicio penal en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glas, sentenciado a seis años por el delito de asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht. (I)