La plataforma de la Feria Libre lució totalmente llena de ciudadanos para atestiguar algo que no se daba en los últimos años. Ministros de Estado, autoridades locales y líderes sociales se juntaron el último viernes en una audiencia pública para dialogar sobre los proyectos mineros que se desarrollan en esta provincia ubicada al sur del país.

El encuentro fue calificado como histórico por el prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, porque, según dijo, llevaban más de 12 años pidiendo una reunión conjunta. Diez fueron durante el gobierno anterior.

En la misma mesa estuvieron Javier Córdova, ministro de Minería; Tarsicio Granizo, ministro del Ambiente; Yaku Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari; entre otras autoridades y dirigentes locales. Zamora es una provincia históricamente minera y en la actualidad tiene concesionado el 48,83 por ciento de su territorio, esto es 515.649 hectáreas según datos de la Prefectura.

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Más allá de los proyectos Mirador y Fruta del Norte que explotan oro, plata y cobre a gran escala y a cielo abierto, la preocupación mayor se centró sobre la pequeña minería en sectores como Nambija o Chinapinza y su afección al medio ambiente. Según un mapa de de la Prefectura el 50 por ciento del territorio esta concesionario, el 40 por ciento está declarando área protegida y el 10 por ciento es sector poblada.

Apoyo a consulta popular

Gran parte de los asistentes que aplaudían cada intervención vestían camisetas blancas con el texto "Si a la minería responsable" impreso al frente. Uno era Víctor Samaniego, empleado de la empresa Ecuacorriente, misma que explotará 2,96 millones de toneladas de cobre; 26,8 millones de onzas troy de plata y 3,22 millones de onzas troy de oro. Reconoce que gracias a las regalías anticipadas han recibido obras de compensación como escuelas o unidades de policía, por eso justifica que la naturaleza sea "sacrificada" durante los 27 años de vida útil de la mina.

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Pero las exposiciones seguían hasta que al final, cerca de las 15:00, se firmó un acuerdo de nueve puntos determinados en comunión entre los presentes. Entre ellos estaban el planificar conjuntamente el territorio para delimitar zonas de desarrollo agropecuario, protección de fuentes hídricas y de trabajo minero. Regular y controlar la pequeña minería; revisar las recomendaciones de Contraloría sobre los proyectos Fruta del norte y Mirador; revisar las concesiones en base al nuevo catastro minero y garantizar la consulta previa a las comunidades cercanas. Uno que no se firmó, pero se acordó públicamente es apoyar a la Consulta Popular, en especial a la pregunta que prohíbe la explotación minera en centros urbanos y zonas intangibles.

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Instalarán mesas de diálogo

La audiencia se llevó en buenos términos y el ministro de Minería Javier Córdova acotó que otro compromiso importante es la conformación de mesas de diálogo.

Para evaluar el avance de estos acuerdos los asistentes se dieron un plazo de 90 días. El perfecto Salvador Quishpe quedó con la expectativa de que se cumpla, caso contrario "nos tocará retomar las calles", manifestó. En ese instante recordó a su compañera Blanca Medina que falleció en la última marcha. "Si el Gobierno de entonces (de Rafael Correa) hubiera abierto las puertas para hablar estos temas, ella estuviera con nosotros", agregó.

A esto el presidente de la Ecuarunari, Yaku Pérez Guartambel, concluyó que en caso de demostrar que un proyecto minero contamina una fuente de agua, insistirán en el pedido de revocatoria porque "todo es irreversible". (I)

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