Blindada y con fuertes medidas de seguridad estuvo ayer la morgue de Bello Monte, en donde estaban los cuerpos del expolicía Óscar Pérez y sus seis compañeros que fueron abatidos en un operativo. Hasta ahí llegaron los familiares para pedir los cuerpos.

Otros recurrieron a la prensa. “Pedimos al señor Maduro que se respete nuestro dolor y que se deje de obstruir y nos entregue el cuerpo de mi hijo”, dijo Cecilia Agostini, madre de Abraham Agostini, abatido en la operación ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Pido que se limpie el nombre de mi hijo porque él no era ningún asesino, ni ningún terrorista, él sintió el dolor, el hambre, la escasez”, agregó.

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El mismo pedido hizo Aminta Pérez, madre de Óscar Pérez, el expolicía que se rebeló contra Maduro el año pasado. “Exijo a las autoridades que me hagan la entrega del cuerpo de Óscar Alberto Pérez... quiero recuperarlo para darle cristiana sepultura y, si no lo permiten, entonces para mí está vivo”.

La escena contrastó con el caso de Heiker Vásquez Ferrera, un militante chavista que estuvo presente en el operativo y murió. El funeral estuvo acompañado de una larga caravana motorizada y ráfagas de disparos. Líder de un colectivo, tenía varias identidades, un registro del Sebin y era investigado en cinco homicidios, según medios como analitica.com.

En tanto, familiares de Antonio Pérez Cisneros, detenido en la operación, denunciaron persecución y allanamientos en sus domicilios, en El Hatillo. La madre de Lisbeth Ramírez Mantilla también reclamaba su cuerpo. La joven era la única mujer entre los abatidos y supuestamente estaba embarazada. El Gobierno no ha dado información, tampoco de las autopsias ni los motivos de la demora en entregar los cuerpos.

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“La respuesta que recibimos fue que no se van a entregar los cuerpos porque están a la orden de un tribunal militar”, dijo Winston Flores, miembro de una comisión creada por el Parlamento para investigar lo ocurrido. Las autoridades “no han querido entregar el informe de la autopsia”. “Hubo un ajusticiamiento extrajudicial y queremos comprobarlo”, publicó la agencia AFP.

En un nuevo audio difundido durante el operativo, Jairo Lugo Ramos, abatido, dice: “No vayan a decir que fuimos culpables, lo hicimos por el país. Lo hicimos por todos esos niños que están muriendo de hambre. Se los juro”.

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Hay “una suma de irregularidades. “Fue un homicidio a personas que estaban demandando entregarse”, dijo la parlamentaria Manuela Bolívar.

La organización humanitaria Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos del 27 y 28 de febrero de 1989 expresó que las “ejecuciones extrajudiciales, la tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, y la desaparición forzada de personas, configuran dentro del Derecho Internacional, crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles”.

En tanto, Maduro, en un acto, reconoció a la Fuerza Armada por el operativo y dijo que la orden se cumplió a 17 días de haberla dado.

Esposa detenida
José Díaz Pimentel es uno de los siete abatidos. Su esposa, Dayana Santana, se enteró de su muerte en el Servicio de Inteligencia, donde está detenida desde hace siete meses. La pareja tiene un niño de 5 años.

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Única mujer asesinada
Lisbeth Ramírez Mantilla, de 26 años, está entre los muertos. Supuestamente tenía siete meses de gestación. “Díganle a mi familia que los amo mucho. Que me perdonen. Oren por nosotros”. Estudiaba Odontología, dijo su madre.

Ola de saqueos no para
Una ola de saqueos ha provocado el cierre de muchas tiendas e incentivado a algunos comerciantes a armarse con pistolas y machetes, acrecentando el temor a que la violencia llegue a Caracas. (I)