El pasado 27 de diciembre de 2016 fue aprobada la Ley de Plusvalía por la Asamblea Nacional y ahora con la consulta popular y referéndum se plantea su derogatoria.

Esto se decidirá a poco más de un año de haber sido autorizada. El próximo 4 de febrero se consultará esta y otras seis interrogantes.

La pregunta plantea en el anexo 1 que el presidente Lenín Moreno envíe a la Asamblea un proyecto de ley con el carácter de económico urgente para el para derogar Ley Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, denominada “Ley de Plusvalía”. Esto ocurre en el caso de ganar el “Sí”.

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Enrique Pita, presidente de la Federación de las Cámaras de la Construcción del Ecuador y Larry Yumibanda titular del colegio de Economistas del Guayas (CEG) consideran que la normativa debería derogarse.

“Todos los sectores han crecido, menos el de la construcción en los últimos meses”, dice Yumibanda en relación a las consecuencias que genera la ley.

Pita suma al desempleo. Considera que es otro de los efectos causando un impacto negativo en cerca de 300.000 familias.

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En caso que gane el “No”, según Pita podrían introducirse reformas a la ley para quitarle el efecto negativo.

Yumibanda y Pita coinciden que cancelando la normativa se recuperaría la confianza. “Lamentablemente la construcción es una actividad que se basa en la confianza y de alguna manera los resultados se van a ver”, sostiene Pita.

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En ese contexto menciona que en caso de ser favorable la consulta en la pregunta 6, luego de seis meses podría verse un mejor ambiente. “Es importante que exista un ambiente econímico favorable para que los constructores confíen en desarrollar proyectos y los compradores confíen en que haya un ambiente favorable para endeudarse en el largo plazo en la compra de vivienda”, señala.

Por otro lado, Yumibanda enfatiza que el sector de la construcción es el tercero del país que más empleo genera, seguido de la agricultura y el comercio.

“Nosotros representamos cerca del 8.4% del PIB (Producto Interno Bruto), hemos caído no menos de 1.500 millones de dólares desde que se anunció la ley, no desde que está vigente”, afirma Pita. (I)