La acción de protección de la Defensoría del Pueblo a favor de las personas que se sienten afectadas por la venta puerta a puerta de casas comerciales de las cocinas de inducción no está aún resuelta.

El viernes se dio la audiencia en la Unidad Judicial de la Niñez. Son 2407 casos presentados, 485 de estos son personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

La Defensoría informó que en la diligencia expusieron las principales afectaciones a los derechos de las personas que se habrían cometido durante la comercialización de las cocinas de inducción.

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Patricio Benalcázar destacó que la institución no está en contra del programa de eficiencia energética que promueve el Estado, “sino se trata de la manera en la que el Ministerio de Electricidad no reguló oportunamente y cómo las empresas comercializadoras afectaron los derechos de la ciudadanía”. Hubo testimonios de quienes dijeron fueron engañados, y que al recibir las cocinas no les entregaron información veraz.

La audiencia no concluyó y se reinstalará el martes. (I)