“Bolivia dijo no”, gritaron manifestantes la noche del pasado martes, tras la autorización del Tribunal Constitucional (TC) para que el presidente Evo Morales pueda postularse a un cuarto mandato consecutivo.

Los manifestantes rechazaron la decisión del TC y cuestionaron el que se desconozcan los resultados del referendo de febrero del año pasado en el que el 51,3% de los bolivianos dijo No a la reelección del mandatario boliviano.

“No es no”, “Democracia sí, dictadura no”, gritaron en Santa Cruz, donde se dio la primera manifestación, registró el diario Página Siete. En La Paz, El Alto, Cochabamba también hubo protestas.

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Morales, quien dijo estar sorprendido de la decisión del TC, celebró y dijo que ahora buscará los votos. “La Revolución Democrática y Cultural sigue. ¡Hasta la victoria siempre!”, escribió en Twitter.

Sectores de la oposición calificaron como un “golpe a la democracia”. “No se respeta el voto ciudadano de todos los bolivianos”, dijo la Central Obrera Boliviana.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también cuestionó el fallo del TC. “En realidad, el Artículo 23 de la Convención Americana de DDHH citado en sentencia del #TCP de #Bolivia no contempla derecho a perpetuarse en el poder. Además, la reelección presidencial fue rechazada en referendo por voluntad popular en #21F de 2016”.

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Morales empezó a gobernar en el 2006, hizo cambiar la Constitución en el 2009 y también logró que el TC interpretara un artículo que impedía la reelección. Por esa vía volvió a ser candidato y ganó las elecciones para los periodos 2010-2015 y 2105-2020. Si gana otro mandato en los comicios del 2019, Morales gobernaría hasta 2025, 19 años seguidos.

Jorge Lazarte, analista y doctor en Ciencia Política de La Sorbona de París, consideró que la sentencia judicial refleja dos hechos inéditos en el país: “un golpe contra la Constitución y un golpe contra la voluntad popular”, al desconocer el referendo del 2016.

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El panorama político futuro es incierto, debido a que “se puede percibir una mayor indignación de la gente”. Se abre un camino muy escabroso, pero ¿cuánto de escabroso va a ser? Todo va a depender de la reacción de la gente”, manifestó.

Consideró que la indignación de un sector de la población también radica en el discrecional manejo de los recursos económicos que ha derivado en denuncias de corrupción, como en la estatal petrolera YPFB y un fondo indígena.

Para el constitucionalista Carlos Alarcón, “este es uno de los atentados más grandes al Estado de derecho, a la Constitución, a la democracia”. (I)

51,3
por ciento
de los bolivianos rechazó una reelección del presidente Evo Morales en el referendo del 2016.

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