El Parlamento catalán declaró el viernes la independencia de Cataluña de España, desafiando al Gobierno central, que respondió minutos después logrando la aprobación en el Senado de la imposición de un mandato directo sobre la región.

Aunque la declaración es un gesto simbólico, ya que no será aceptada por España ni por la comunidad internacional, las decisiones de ambas partes llevaron a un nuevo nivel de confrontación en la peor crisis política que vive el país ibérico en cuatro décadas.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió de forma inmediata tranquilidad y dijo que el Estado de Derecho será restaurado.

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La resolución, aprobada por 72 votos a favor, 10 en contra y dos en blanco, se produjo en ausencia de gran parte de la oposición, que se marchó de la cámara regional para no participar de la votación secreta.

Asumimos el mandato del pueblo de Cataluña expresado en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre y declaramos que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república, resolución leída antes del sufragio por la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell.

La declaración unilateral de independencia coincide con una inminente aprobación en el Senado español de medidas de intervención estatal en la región, que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ve como única forma de frenar el "yugo independentista" de las autoridades catalanas.

Minutos después de la votación, Rajoy publicó un mensaje en Twitter: "Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña".

El Parlamento catalán abrió este viernes una sesión para debatir la proclamación de la independencia, un hecho sin precedentes en la democracia española y un reto para la Unión Europea, mientras en Madrid el Senado preparaba la intervención de la autonomía.

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"Constituimos la República catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", explica la resolución a debate, presentada por una heteróclita coalición de nacionalistas.

Ese texto ya fue firmado simbólicamente el 10 de octubre por los diputados de la mayoría independentista de la cámara catalana.

Su entrada en vigor fue suspendida para entablar negociaciones con Madrid, pero tras un duro pulso que ha puesto a la región al borde de la inconstitucionalidad, los diputados independentistas (72 de 135) se disponían a dar el salto a lo desconocido.

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Autonomía

El debate se inició con duros discursos de la oposición para intentar frenar todo el proceso.

"Ustedes son unos inconscientes", clamó la diputada Eva Granados, del opositor Partido Socialista. "No tiene ningún sentido crear un pequeño Estado al margen de todo, sin ningún reconocimiento, empobrecido fracturado y sin futuro", advirtió.

Cataluña fue junto al País Vasco la primera comunidad española en proclamar su autonomía, como establecía la Constitución, en diciembre de 1978.

Es "un día negro para la democracia", añadió Alejandro Fernández, del Partido Popular, que gobierna España.

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En Madrid, paralelamente, el presidente del ejecutivo español, Mariano Rajoy, pidió al Senado, donde su partido tiene la mayoría absoluta, poderes extraordinarios y temporales.

Con esos poderes en mano, Cataluña perderá su autogobierno de forma temporal, una medida también sin precedentes en esas cuatro décadas de democracia.

"Este procedimiento se inicia cargado de razones", ante un ejecutivo catalán decidido a la secesión y que con ello "afecta a la economía, y muy mal", declaró Rajoy, después de que unas 1.500 empresas sacaran su sede social de Cataluña ante la incertidumbre reinante.

Respaldo

El desenlace de la votación en el Senado era inevitable, mientras que en Barcelona el desarrollo de la sesión parecía aún confuso, puesto que la resolución fue presentada, sin estar claro si iba a ser votada o simplemente proclamada.

El jueves la situación estuvo a punto de encaminarse de manera muy diferente, cuando Puigdemont amagó con un adelanto electoral como vía de salida. El dirigente no dio finalmente el paso, y acusó a Rajoy de no haberle dado garantías de que, en caso de elecciones anticipadas, no intervendría la autonomía catalana.

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Debilitado por las presiones de todos los lados, Puigdemont, de 54 años, un exalcalde de arraigadas convicciones independentistas, prefirió devolver la palabra al parlamento catalán.

Rajoy ha ganado claramente el apoyo internacional, mientras que Puigdemont cuenta con una poderosa capacidad de movilización en las calles.

Hasta ahora esas movilizaciones han sido pacíficas. El gobierno central tiene por su parte a miles de policías desplazados en territorio catalán.

Cataluña representa casi el 20% del PIB español. Con 7,5 millones de habitantes, es uno de los motores económicos de España. (I)