En camiones, como el que levantaba el polvo de las calles de tierra de la cooperativa Sergio Toral II en el noroeste de Guayaquil, se distribuyen las cocinas de inducción de distintas marcas que se entregan a las familias y que funcionan con electricidad de 220 voltios. Las ofrecen puerta a puerta en las casas que cuentan con medidores. El financiamiento es estatal, a tres años plazo. El cobro se hace a través de las planillas de consumo de energía.

Es el caso de Cecilia Alay, de 52 años, quien compró una con horno hace quince días. “Insistían hasta que la trajeron. Decían que el gas subirá a $ 25”, dice. El presidente Lenín Moreno ratificó esta semana que no se eliminará el subsidio al gas por el que se paga hasta $ 800 millones al año, según el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER).

El mensaje llegó tarde a la Sergio Toral II en la que se ven flamantes medidores sostenidos con caña. La mayor parte de las familias de la cuadra de Cecilia vienen comprando desde hace semanas el combo de la cocina, que viene con ollas, plancha y licuadora, “como regalos” según les han dicho.

A Cecilia le dejaron los artefactos pese a que su hermano es el que consta como dueño del medidor. Su esposo, un albañil de 55 años, está en desacuerdo. “Se la dieron sin que mi esposa entregue la copia de la cédula y sin la firma de mi cuñado por lo que estamos viendo si la podemos devolver”, señala.

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Aún así la venta de las cocinas de inducción propiciada por el régimen del expresidente Rafael Correa no ha tenido los resultados esperados, pese a que él mismo incentivaba la compra, como en el enlace sabatino del 6 de diciembre de 2014: “Los que dicen que apoyan la revolución ciudadana, los militantes de PAIS, deben ser los primeros en ir a adquirir esas cocinas de inducción”.

La meta estatal era que tres millones de cocinas de inducción estén en los casi 4 millones de hogares que hay en el país hasta el 2018. Pero desde septiembre del 2014 –cuando inició el Programa de Eficiencia Energética para la Cocción por Inducción (PEC)– hasta el 30 de septiembre pasado se han vendido 711 mil, es decir, estaría cubierto el 18% de las familias.

El 75% se vendieron con el financiamiento estatal. El resto, al contado o con créditos a empresas privadas, según el MEER. La venta a través de créditos quirografarios ha sido mínima desde febrero de este año: apenas 54. Y 6.790 se entregaron a los beneficiarios del bono solidario gubernamental.

Aún se dispone de 80.000 cocinas de inducción traídas de China por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP), la mayor compañía de energía del país con 2’171.198 clientes residenciales regulados, el 50,1% del total, que viven en las seis provincias de la Costa, más Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar y Sucumbíos, según el informe anual del sector eléctrico ecuatoriano. El MEER informa que se “prevén destinar estas cocinas principalmente a programas de vivienda de interés social”.

Al igual que Cecilia, Andrea –madre de tres hijos que cocina encebollados para la venta– deberá pagar $ 21,50 al mes por tres años por el combo ($ 774 en total) más el consumo mensual: “Nos dijeron que saldrá $ 6, $ 10 ya veremos cuando llegue la primera planilla, más la cuota, serían unos $ 30”.

Cecilia y Andrea las tienen aún en cartones porque deben cambiar el enchufe que instaló CNEL EP en sus cocinas porque no es compatible con el de las estufas. Pero dicen que prefieren no usarlas, ya que compran un cilindro de gas que usan para sus negocios de venta de comida en $ 2. Verónica, por ejemplo, tiene una cocina industrial con la que consume hasta tres cilindros al mes. “Me dijeron que la de inducción si me sirve para mis ollas grandes, aún no he probado”, dice.

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Ana Mora, una ama de casa que vive en el centro sur de Guayaquil, también la compró. “Me animé”, afirma, pero también la tiene encartonada porque aún no tiene la conexión.

Ella teme un incremento en las planillas cuando se elimine el subsidio eléctrico de 80 kWh, que el Gobierno determinó como incentivo para que las personas migren del gas a la electricidad. “Me dijeron que solo darán por un año (se tiene previsto hasta el 2018, pero el ministro de Electricidad Medardo Cadena indica que se extendería el plazo)”.

Valeria Reyes, moradora del barrio San José de Montecristi en Manabí, la usa desde hace más de un año, pero le preocupa que dos de las hornillas ya tienen daños.

A ello se suma que debe lidiar con las interrupciones del servicio. En ese caso, cuenta, no le queda más que usar la de gas. “Antes se iba con frecuencia la luz, sobre todo con las primeras brisas en época de invierno, con eso creo viviremos siempre quienes compramos estas cocinas”, relata la mujer.

Luis Ordóñez, director del Centro de Investigación y Capacitación Eléctrica (CICE), cree que el mayor incentivo sería constatar que tendrán un ahorro con su uso. “Al realizar el cálculo deben aumentar en la planilla lo que implica el subsidio eléctrico (de 80 kWh al mes) porque en algún momento se va a eliminar y reducir el monto que pagan por la cocina y allí ver cuánto les sale. Así pueden comparar con lo que pagaban antes del uso de la cocina de inducción más lo que destinan para la compra de un cilindro de gas y ver si es más conveniente”, explica.

Al considerar que el costo promedio del kilovatio/hora (kWh) es de $ 0,10 en Ecuador, dice Ordóñez, el subsidio eléctrico de 80 kWh implica $ 8 al mes. Este valor es menor para los que pagan la denominada tarifa de la dignidad que equivale a $ 0,04 kWh.

Se decía que con las hidroeléctricas el kilovatio/hora costaría menos, unos $ 0,03, pero hay que pagar las centrales hechas con deudas”.Luis Ordoñez, de CICE.

El Gobierno anterior había calculado que el subsidio representa entre $ 6 y $ 8. Y que los 80 kWh se estableció en un estudio que tomó en cuenta el uso de las cocinas de inducción en una familia con 5 miembros.

Hasta diciembre del 2016 un total de 481.858 clientes eran parte del PEC. El subsidio implicó $ 13’626.403, según el informe anual del sector eléctrico ecuatoriano.

Ordóñez indica que ante la falta de demanda, las casas comerciales recorren las zonas rurales dejando las cocinas de inducción. Ello se da por la facilidad de venderlas con la intervención estatal con el cobro de las cuotas en las planillas, lo que implica un pago seguro porque de lo contrario se ordena el corte de luz: “He constatado que en los sectores rurales las han adquirido y las tienen guardadas y cuando les llega la planilla recién constatan que ahora les sale $ 29 a $ 31 cuando antes pagaban entre $ 8 y $ 10 porque se suma la cuota”. (I)