La sentencia que recibió la tripulación china del barco Fu Yuan Yu Leng 999, capturado hace dos semanas en la Reserva Marina de Galápagos con 300 toneladas de pesca, ha sido catalogada por el Ministerio del Ambiente como un fallo que ‘marca un precedente’ a nivel mundial en materia de respeto a la naturaleza.

Ambientalistas y organizaciones que abogan por la conservación han destacado la sanción impuesta, pero consideran que tras este episodio Ecuador tiene desafíos en los controles y la rigurosidad que debería aplicarse en la tenencia y transporte de especies protegidas. Y este último aspecto es algo que las mismas autoridades del Parque Nacional Galápagos (PNG) reconocen como una tarea.

La condena impuesta para la tripulación va de 1 a 4 años de prisión por el delito de tenencia y transporte de especies protegidas. Esta se dictaminó por las evidencias encontradas al interior de la embarcación, un delito tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El ministro del Ambiente, Tarsicio Granizo, indicó que en la carga había 6.623 tiburones de las especies martillo, zorro ojón, sedoso y otras, que por orden de la jueza Alexandra Arroyo serán arrojadas en altamar. Una pérdida considerada ‘irreparable’ por el funcionario.

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La resolución judicial incluye el pago de 5,9 millones de dólares por concepto de reparación integral de los daños ocasionados. Un monto menor a la indemnización de $ 36 mil millones que había solicitado la autoridad ambiental. El buque pasará al servicio del PNG.

Granizo barajó ayer la posibilidad de una ampliación de la Reserva Marina de Galápagos como una de las soluciones para evitar futuros daños.

La protección a especies como tiburones, sin embargo, requieren de reformas. Pablo López, procurador judicial del PNG, sostuvo que se presentará una propuesta a la Asamblea para establecer el alcance del art. 247 del COIP en temas de delitos ambientales. “Significa que tiene que ser reformado este artículo para la mayor protección de nuestras especies migratorias”, dijo López.

La presidenta del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, Lorena Tapia, explicó a Efe que se buscará que se cumpla de la forma más estricta, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece un régimen especial de regulación más allá de las aguas territoriales o la Zona Exclusiva.

Ecuador tiene el derecho de demandar medidas que tiendan a establecer condiciones de sostenibilidad, del cuidado de las especies, aun cuando los pesqueros se encuentren en aguas internacionales, indicó Tapia. (I)

El planteamiento

Protección. El empresario Roque Sevilla planteó revivir el proyecto para un corredor marino entre la islas de Cocos y Galápagos, para añadir una parte de la zona internacional a un área de protección. Además que se busque ante la ONU una extensión adicional de la Zona Económica Exclusiva, proporcional a reserva que protege. (I)

Respetando los derechos humanos y todos los convenios que existen dentro de la Convención del Mar se haría el uso progresivo de la fuerza en caso de que alguna unidad sea atacada por parte de las unidades que están realizando actividades ilícitas.Juan Liger, comandante del submarino Huancavilca