La controvertida adjudicación del campo petrolero Singue, en la Amazonía, es la única investigación que se ha iniciado con base en un informe de la Contraloría General del Estado.

El “potencial peculado” del que habló el fiscal Carlos Baca sería de $ 5,2 millones por la tarifa que paga el Estado por la producción de cada barril de petróleo. La diferencia es de poco más de un dólar por barril, que acumulado en tres años, entre 2013 y 2016, llega a esa millonaria cantidad.

Jorge Glas, entonces ministro de Sectores Estratégicos, integró el comité de licitación que recomendó la firma del contrato a favor del consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Development Ecuador.

El comité también estuvo conformado por Carlos Pareja Yannuzzelli (ahora prófugo por el caso Petroecuador), así como otros dos funcionarios. El fiscal ha dicho que investiga a 21 personas en este proceso.

La segunda empresa del consorcio está en el centro de la polémica, pues la hija del entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor (quien es ahora embajador), Silvana Pástor Tapia, fue la gerenta financiera.

Gente nació en Delaware, paraíso fiscal en EE.UU., pero funcionaba en Qatar. Poco después se creó Gente Oil Ecuador, esta vez en Singapur, que opera el campo y cuya apoderada es Pástor Tapia. Cinco meses después de haber ganado la adjudicación, Dygoil vendió su parte del consorcio a Gente Oil de Singapur. (I)