Al menos cinco frentes abiertos complican la intención de quedarse en el país expresada por Odebrecht, investigada por el pago de sobornos para obtener contratos, de acuerdo con un informe revelado en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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El primer escollo se concentra en los procesos judiciales y en las investigaciones penales que lleva a cabo la Fiscalía y que provocaron allanamientos, detenciones y hasta la renuncia (y trámite de juicio político) de Carlos Pólit como contralor. Los casos se llevan con la máxima confidencialidad y están amparados en un acuerdo del que solo conocen el fiscal Carlos Baca y su equipo.
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Si se aplica “el estándar” de los acuerdos logrados por Odebrecht con los países en los que se la acusa de coimar a autoridades y funcionarios públicos, habría una cláusula de reparación económica, monto que deberá ser determinado por la Procuraduría, que hasta el momento solo ha guardado silencio frente a este tema.
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El cruce de cuentas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) da una primera pista: entre 2007 y 2015 se registran beneficios no reportados por $ 99,5 millones. Si a ellos se suman los juicios perdidos por el SRI y el monto de los sobornos revelado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la indemnización exigible, al momento, sería de $ 178,4 millones, según un documento suscrito en marzo pasado por el director de Rentas Internas, Leonardo Orlando, y enviado al procurador Diego García.
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Sin embargo, tanto para la Fiscalía como para la Procuraduría, al cálculo del SRI se deben agregar los informes de la Contraloría. En los últimos diez años se han aprobado 30 auditorías a los contratos de la constructora y existen varias en marcha. De sus conclusiones podrían ampliarse las resoluciones en materia penal y económica.
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En tanto, Odebrecht enfrenta una fiscalización de orden político en la Asamblea, donde oficialistas y oposición se unen para pedir sanciones e indagaciones, pero se dividen a la hora de señalar prioridades y juicios políticos. (I)