Por el supuesto delito de lavado de activos fue acusado el exfuncionario de Petroecuador Ramiro C., detenido por la Policía la noche del pasado viernes, dentro de las investigaciones que se realizan en el caso Odebrecht, empresa brasileña que habría dado coimas a funcionarios locales a cambio de obras.

Ayer, en una audiencia de formulación de cargos, el juez Adolfo Navarrete acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar, y ordenó el arresto domiciliario de Ramiro C., debido a que se trata de una persona de la tercera edad, pues tiene 66 años.

Además, el juez ordenó la enajenación de bienes del acusado, la inmovilización de sus cuentas bancarias y el inicio de la instrucción fiscal que durará 90 días.

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De acuerdo con la información que entregó la fiscal Salazar, Ramiro C., como funcionario de la empresa pública Petroecuador, firmó un contrato con Odebrecht para la construcción de la obra del poliducto Pascuales-Cuenca y que por esa acción el acusado habría recibido más de $ 200 mil, a través de otra firma constructora a la que este no perteneció y, por tanto, no tenía razón de recibir ese dinero.

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Además, la fiscal explicó que Ramiro C. hizo constar en su declaración de bienes una propiedad de $ 140 mil, pero verificando ese bien se concluye que su avalúo llega a los $ 300 mil. “Es una casa de fachada antigua, pero adentro se han construido tres plantas con materiales de lujo; esto no consta en la declaración de bienes”, dijo.

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El abogado de Ramiro C., Alfredo Campaña, afirmó que no se han logrado comprobar las acusaciones que se le están realizando a su defendido y que, además, no se han cumplido “todos los presupuestos legales para la detención” del exfuncionario de Petroecuador.

En otra audiencia, de formulación de cargos ayer, la fiscal Salazar dijo que acusaba a Diego C. por el supuesto delito de lavado de activos.

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Diego C., también detenido el pasado viernes en Quito, sería accionista de 22 empresas, de las cuales 11 se encuentran en disolución; sus registros tributarios muestran un valor aproximado de $ 2 millones que no se encuentran debidamente justificados.

Y se explicó que en el Servicio de Rentas Internas (SRI) Diego C. consta como intermediario de empresas consideradas off shore constituidas en Panamá. (I)