El Congreso de El Salvador aprobó este miércoles una ley que prohíbe la minería metálica, por considerar que es una industria que crea impactos negativos al medio ambiente y a la salud de las personas.

"La presente ley tiene por objeto prohibir la minería metálica en el suelo y subsuelo del territorio de la República", señala el artículo 1 de la nueva normativa, aprobada con los votos de 70 de los 84 diputados.

La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica.

La aprobación de la ley se produjo en medio de fuertes presiones por parte de organizaciones ambientalistas, de defensa de los derechos humanos y de la iglesia católica que han exigido la promoción de una normativa contra la minería metálica.

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A principios de marzo, la iglesia católica entregó al Congreso varios libros con más de 30.000 firmas de ciudadanos salvadoreños que se sumaban a los pedidos de prohibición de la minería metálica.

El diputado Guillermo Mata, del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), recordó que un estudio del ministerio de Medio Ambiente determinó que la minería metálica puede "incrementar la vulnerabilidad del territorio" y "atenta contra el medio ambiente y la buena salud de las personas".

Tras la aprobación de la ley, decenas de miembros de organizaciones ambientalistas que acudieron al Congreso portando carteles con mensajes como "no a la minería, sí a la vida", aplaudieron y gritaron vivas.

"Nos aseguramos la vida, nos estamos asegurando el bienestar de todo un país evitando el ingreso de una industria voraz y altamente contaminante", dijo a la AFP el director ejecutivo del ambientalista Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Ricardo Navarro.

En octubre de 2016, un tribunal de arbitraje del Banco Mundial dio la razón a El Salvador en un litigio de la empresa Pacific Rim Cayman, actualmente propiedad de la minera australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que reclamaba al país centroamericano 250 millones de dólares por negarle un permiso de extracción en 2009.

En esa ocasión, el organismo ordenó a la compañía pagar ocho millones de dólares por los costos del litigio y el martes pasado ordenó a la transnacional pagar también los intereses sobre esa deuda.