Mediante operativos simultáneos en 23 ciudades del país, entre la noche de miércoles último y la madrugada de este jueve, la Policía logró la detención de 51 personas relacionadas con 67 privados de libertad que serían parte de una red dedicada al cobro de dineros a cambio de no atentar contra la seguridad de internos de Centros de Rehabilitación Social.

En la denominada operación Victoria, con operativos '4 Ríos' y 'Regional' participaron de forma conjunta en 16 provincias 740 policías de diversas unidades especiales, 120 agentes penitenciarios y 54 fiscales.

Según el ministro del Interior, Diego Fuentes, la estructura desarticulada intentaba conformarse para extorsionar a privados de libertad a través de sus familiares. En tres meses de investigaciones se habría identificado que un grupo de privados de libertad exigían cantidades de $200 a $800 a cambio de no atentar contra la integridad de otros internos.

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Desde la Fiscalía General del Estado se explicó que los familiares de los internos extorsionados debían pagar a la red delictiva dineros semanales y mensuales.

A decir de la Fiscalía los cobros se basaban en un análisis previo de la situación del privado de libertad, por lo que los montos podían ir desde los $10 semanales, para internos con pocos recursos; subir a $500, para aquellos que tenían más posibilidades; hasta llegar a los $1.500 semanales para los de mejor situación económica.

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Diez Centros de Rehabilitación Social (CRS) fueron allanados dentro de la operación, entre ellos los ubicados en las provincias de Pichincha, Guayas, Cotopaxi, Cañar, El Oro, Los Ríos, Tungurahua y Azuay. Justamente en el CRS de Turi, en Azuay, asegura Fiscalía, es donde está recluido el jefe de esta organización conocido con el alias de Pipo.

La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, confirmó que entre los 51 detenidos estaría un trabajadora social del Sistema Penitenciario. En cuentas de la funcionaria, dijo Zúñiga, se habría encontrado depósitos que aparentemente tendrían relación con el cobro de dineros por el delito de extorsión. A ella se la procesaría por el delito de concusión.

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"Sabemos a lo que nos enfrentamos y no les tenemos miedo. (...) Sin seguridad en los CRS no podemos hablar de Rehabilitación Social", aclaró la ministra Zúñiga.

Giros bancarios, agendas con anotaciones de nombres, números telefónicos, cuentas bancarias, números de cédula, cheques, depósitos, efectivo escondido en cuadros, entre otras, fueron las evidencias encontradas en poder de los detenidos, quienes en mayoría son familiares y amigos de los privados de libertad que prestaban su nombre para que se deposite el dinero producto del ilícito.

En poder de alias Pipo las autoridades también encontraron depósitos bancarios y un número aún no cuantificado de teléfonos celulares. Al tener al centro de operaciones de este delito en el CRS-Turi, la Fiscalía también analiza si estarían inmersos en el delito personal administrativo o agentes de seguridad penitenciaria del centro.

Al momento los detenidos y los privados de libertad que son parte de esta red están a la espera de que en cada provincia se les le realice la respectiva audiencia de formulación de cargos por el delito de delincuencia organizada. (I)

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