Dos puntos plantea Odebrecht al Gobierno ecuatoriano: que se le permita mantenerse como una empresa habilitada para operar en el país y discutir, con base en los contratos, un monto de posibles indemnizaciones al Estado.

El fiscal Galo Chiriboga informó que ha mantenido al menos tres acercamientos con la constructora brasileña. La última cita estaba prevista para ayer, en Ecuador, mientras que las dos anteriores se realizaron en Lima y en Washington. EL UNIVERSO pidió a la Fiscalía información sobre esas conversaciones, pero no hubo respuesta.

Los planteamientos de Odebrecht se realizan en el contexto de la investigación previa (fase reservada) que lleva a cabo la Fiscalía desde el 22 de diciembre de 2016, un día después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelara que la compañía pagó sobornos en Ecuador por $ 33,5 millones, entre el 2007 y el 2016, para asegurarse contratos.

Fuentes vinculadas al proceso explicaron que al igual que en Colombia o Perú, Odebrecht se ha acercado a los gobiernos en los que se han desatado escándalos por las coimas con el fin de colaborar con información, pagar indemnizaciones y, a la vez, seguir operando.

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El abogado León Roldós asegura conocer de una carta, fechada el 21 de enero pasado, en la que la firma brasileña pide negociar su permanencia.

La Fiscalía, en el ámbito penal, y la Procuraduría, en lo que corresponde a reparaciones económicas, encabezan el análisis por parte del Estado.

Luego de que fue expulsada en el 2008 por el Gobierno, Odebrecht volvió al país en el 2010 y, a partir de entonces, obtuvo los contratos para el trasvase Daule-Vinces (por $ 299,3 millones), la central hidroeléctrica de Manduriacu ($ 199,9 millones), la preparación de terreno para la Refinería del Pacífico ($ 303 millones), el acueducto La Esperanza ($ 296 millones) y el poliducto Pascuales-Cuenca ($ 547 millones).

En el sitio web de la constructora se añaden La Ruta Viva y la reparación de la central hidroeléctrica Pucará Pysabambo.

Sin embargo, hasta que haya resultados de la investigación previa, Odebrecht sigue bloqueada. Por pedido del fiscal Wilson Toainga, el miércoles pasado, el juez de Garantías Penales, Gustavo Brito, ordenó suspender un pago de más de $ 40 millones a la constructora por concepto de sus trabajos para la Refinería del Pacífico y en la Empresa Pública del Agua (trasvase Daule-Vinces).

303 millones de dólares es el costo del contrato en la Refinería.

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La constructora
Procesos Judiciales

Sin nuevos contratos
El 30 de diciembre de 2016, un juez prohibió al Estado ecuatoriano suscribir nuevos contratos con la compañía brasileña.

Asistencia penal
Para este caso, la Fiscalía ha solicitado asistencias penales a Estados Unidos, Brasil, Suiza y España.

Confesión de delitos
En Estados Unidos y Brasil, la firma confesó el pago de sobornos, con el fin de reducir multas y sentencias. (I)