Jorge Zavala Egas, abogado de Carlos P. C. y Carlos P. D., consideró que el pedido de recompensa que Perú extendió en contra de sus clientes, a quienes se investiga por presuntos actos de corrupción en Petroecuador, es un ‘hostigamiento’ producto de la ‘presión’ del Gobierno ecuatoriano.

“Es un acto de hostigamiento, una medida política del Ministerio del Interior del Gobierno de Perú, por presión seguramente del Gobierno ecuatoriano”, opinó el jurista.

El pasado domingo, la cartera de Estado incluyó a Carlos P. C. y Carlos P. D., padre e hijo, en el programa de recompensas de Perú. Ofreció 25.000 soles (unos $ 7.500) por cada uno.

Zavala advirtió que las autoridades peruanas pretendieron “apresurar la captura de P., que según ellos está en Lima”, cuando debieron haber esperado –sostuvo él– al pronunciamiento final de la Interpol.

El jurista comentó que la Interpol, con sede en Lyon, Francia, aún no resuelve sobre el recurso de impugnación planteado a la difusión de alerta roja en contra sus defendidos.

Informó que a inicios de enero fue impugnada por “fraudulenta”; y contó que la alerta fue emitida en momentos en que sus clientes ya habían recibido un habeas corpus en Perú, que todavía, según él, los protege.

Por otra parte, la defensa se alista para la audiencia que se realizará mañana en Guayaquil por la apelación que interpuso a la orden de prisión en contra de sus clientes. (I)