La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y los legisladores de Pachakutik solicitaron ayer a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP), que apruebe una amnistía para las 41 personas que han sido sentenciadas por su participación en las manifestaciones de agosto de 2015.

El abogado de la Conaie, Wilson Ordóñez, explicó que con la amnistía se busca que “todas las acciones de carácter penal” sean descalificadas y queden sin efecto.

Refirió que ya hay precedentes de concesiones grupales, como cuando en el 2008 la entonces Constituyente de Montecristi amnistió a 250 defensores de derechos humanos.

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La legisladora Lourdes Tibán (PK) indicó que su tratamiento en el Parlamento no requiere de sentencia ejecutoriada. Dijo que esperaba que el Legislativo no sea ‘cómplice’ de este ‘atropello’.

La amnistía es una de las vías que el movimiento indígena usará en defensa de los manifestantes.

Ordóñez anticipó que se acudirá a cortes internacionales.

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Comentó que de momento se espera la notificación de los dos más recientes casos judicializados: el de los comuneros de Saraguro María Lozano y Amable Angamarca.

El Tribunal Penal de Loja los halló culpables y sentenció a cuatro años de cárcel.

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El abogado anunció que se presentará el recurso de apelación, y que luego se acudirá a las cortes Nacional de Justicia y Constitucional. Y que una vez agotadas las instancias nacionales, se irá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (I)