La Unidad Judicial de Adolescentes Infractores del Distrito Metropolitano de Quito negó la medida cautelar que planteó el oficial en servicio pasivo Wagner Bravo en contra del Gobierno, para evitar el débito de $ 41 millones al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa) por un pago ‘en más’, que determinó la Contraloría General del Estado en un examen especial a la compraventa de 66 lotes de terreno para edificar el parque Samanes en Guayaquil.