Familias batallan por muertes en Coca Codo tras 16 meses de explosión

Investigación por la presunción de homicidio culposo fue archivada. Un padre, dos viudas de trabajadores y un obrero cuentan que se advirtió de riesgo en obra. La noche del 13 de diciembre de 2014, en una “explosión” murieron 14 obreros, 11 ecuatorianos y 3 chinos que laboraban en la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair , ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos.A casi 16 meses del siniestro, familiares de tres de las víctimas ecuatorianas aún no tienen claro qué sucedió exactamente aquel día. Luis Moya perdió a su hijo Félix; Lidia Shiguango y Amelia Chongo a sus esposos, Bayron y Ramón. Los tres creen que la contratista china Sinohydro tiene responsabilidad en sus muertes provocadas por el colapso de parte de una tubería de presión en la obra.Tras el percance, varias autoridades de Estado ofrecieron investigaciones para esclarecer este hecho. Al día siguiente de la tragedia, el 14 de diciembre, los ministros de Sectores Estratégicos y de Electricidad, Rafael Poveda y Esteban Albornoz, respectivamente, inspeccionaron la zona. Poveda dijo que una comisión iba a investigar y que se presentaría un informe “en la brevedad posible”. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta del Ministerio de Sectores Estratégicos ante los pedidos de entrevista realizados en enero y el miércoles pasado para acceder a ese informe.Cuatro días después de la tragedia, el 17 de diciembre de ese año, el fiscal general, Galo Chiriboga, anunció una indagación de oficio. Luego de seis meses, la fiscal de El Chaco (Napo), Judith Torres, solicitó el archivo del proceso –abierto por la presunción de homicidio culposo– por considerar que el “hecho no constituye delito” y que su decisión se basó en un informe pericial que determina que la tragedia se produjo “por causa natural”. El 11 de agosto pasado, Manuel Armijos, juez de Quijos, archivó la causa.A casi un mes de la tragedia, el 12 de enero de 2015, catorce legisladores se movilizaron hasta el proyecto, después de que la Asamblea Nacional aprobara con 118 votos una resolución de solidaridad con las familias afectadas. Se encargó el seguimiento de la investigación del siniestro al Grupo Parlamentario Amazónico y a la Comisión de los Trabajadores.En un coliseo, los asambleístas escucharon una serie de quejas de los obreros que hasta ese entonces trabajaban en el proyecto: “Pedimos igualdad entre el trato que nos dan con el que reciben los chinos (...). Hay afectación pulmonar por las condiciones del lugar de trabajo (...), existen dos tipos de mascarillas, una para ecuatorianos y otra para los chinos (...). Yo soy soldador y en ocasiones se me ha obligado a trabajar en condiciones extremas, lleno de agua, que me ha cogido corriente (...)”. Estas denuncias constan en un informe que elaboró la comisión legislativa.Octavio Villacreses, asambleísta del movimiento oficialista Alianza PAIS, cuenta que él constató en esa inspección que en la casa de máquinas “el aire estaba un tanto contaminado”. Cristina Reyes, legisladora del PSC-MG, asevera que hubo quejas por aportaciones impagas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).Este Diario pidió información al Ministerio del Trabajo de los controles en este tipo de proyectos; no hubo respuesta.La empresa Sinohydro ha enfrentado unos 70 juicios entre el 2012 y el 2015 por haberes e indemnizaciones laborales presentados por exempleados, según una revisión hecha por EL UNIVERSO en la página web de la Función Judicial. EL CHACO, Napo. Varios trabajadores de Sinohydro camino al hospital de El Chaco para realizarse los exámenes médicos para el proceso de liquidación laboral. “Las condiciones en la compañía fueron más malas que buenas, la alimentación, a los trabajadores los maltrataban los amigos chinos, el idioma que no se les entendía (...) a gente obrera hasta les pegaban”, dijo Héctor, quien laboró hasta el 22 de noviembre de 2015 como chofer para Sinohydro. Al día siguiente, él acudió junto a decenas de obreros a realizarse el chequeo médico en el hospital de El Chaco (Napo) para el proceso de liquidación laboral. EL CHACO, Napo. Este cantón es uno de los pasos principales para llegar a la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. También es un punto de abastecimiento de víveres de los campamentos que se construyeron por el proyecto. Moya, Shiguango y Chongo creen que se pudo evitar la tragedia. En junio pasado demandaron por daño moral a Sinohydro. Estas tres familias demandantes piden $ 3 millones de indemnización cada una. EL CHACO, Napo. Los esposos Luis Moya y María Rumipamba esperan a su abogado antes de ingresar el 23 de noviembre pasado a la Fiscalía de El Chaco. Ellos han solicitado en reiteradas ocasiones las copias de la investigación penal por el siniestro que cobró la vida de su hijo Félix. Moya, padre de Félix, acudió el 23 de noviembre pasado hasta el despacho de la fiscal Torres, en El Chaco-Napo, para pedir copias de la investigación penal, documentos que podrían servir en el proceso civil. Luego de casi mes y medio, el 11 de enero, recibió 50 páginas de las más de 3 mil de la indagación. Lea también: 13 muertos y 12 heridos en pozo de presión de Coca Codo Sinclair En ese expediente constan informes, de febrero de 2015, de los peritos que investigaron el siniestro. Uno de ellos, el ingeniero Fernando Montalvo, indicó que la plataforma usada por los obreros para hormigonar por dentro la tubería, “cumple con normas y requerimientos de diseño”. Así también, el geólogo Carlos Latorre determinó que un flujo de agua proveniente de un acuífero cercano ingresó al túnel y que las excavaciones cambian el “comportamiento del agua subterránea, (algo) difícil de predecir”.El geólogo Eduardo Aguilera, especialista consultor de los estudios del Proyecto Coca-Codo Sinclair realizados en 1986, explicó a este Diario que “la ingeniería moderna está en plena capacidad de resolver cualquier problema derivado de características geológicas e hidrogeológicas (...). Que era previsible la presencia de acuíferos (...)”.En la construcción, las obras fueron objetadas por el ingeniero eléctrico Patricio Enríquez, quien laboró en el proyecto y envió cartas al presidente Rafael Correa, en abril y mayo del 2012, para informarle sobre “la grave situación en la ejecución” de Coca Codo Sinclair a causa de “incumplimientos del contratista chino” que –a su criterio– estaban afectando esta construcción. “Carencia de diseños definitivos y aprobados para la construcción de las obras, falta de programación para la ejecución de las actividades, inexistencia de personal clave calificado, desconocimiento de las normas de seguridad industrial y de higiene, etc.”, señaló.EL UNIVERSO le escribió por e-mail el 7 de diciembre pasado, un día después contestó: “No estoy interesado en discutir este tema”.El abogado Miguel Ángel Puente, quien patrocina a Moya y a las viudas Lidia y Amelia, dice que es “increíble que la Fiscalía haya archivado el proceso sin siquiera haber tomado los testimonios de los familiares”. Este Diario buscó en diciembre último a Sinohydro, pero desde la oficina del titular de la compañía, Cai Runguo (exembajador de China en Ecuador), se informó que la firma no tiene permiso para dar declaraciones.La demanda a nombre de Luis Moya es la que más ha progresado, indica Puente. El 2 de marzo último, Runguo no se presentó en el despacho del juez civil de Quito, Carlos Fuentes, para someterse a una confesión judicial. La defensa de los familiares de los fallecidos espera una nueva convocatoria de esta diligencia. Además, está pendiente que el consorcio ecuatoriano mexicano CFE-PYPSA-CVA-ICA, que fiscaliza la obra, responda varias preguntas que se le hizo a través de un escrito judicial sobre las condiciones de la plataforma en la que trabajaban las víctimas.Moya afirma que su hijo le contó que los fiscalizadores habían advertido sobre las condiciones en las que trabajaban: “De los mismos de fiscalización (empresa que supervisa la obra) se había dicho que se suspendan los trabajos hasta que reparen todos esos daños (filtraciones) y que se asegure para que se complete el tramo (de la tubería) que faltaba”, recuerda.Lidia, viuda de Bayron Shiguango, también pide respuestas: “Yo hasta ahora no sé cómo falleció mi esposo (...). Es extraño, querían acabar esto rápido”. Y Amelia, la viuda de Ramón Aguinda, exige justicia: “Hasta ahora yo sufro (...). Ahí los maltrataban”. Las once familias afectadas recibieron $ 60 mil de un seguro de vida por cada obrero. También se les entregó la liquidación laboral. Pero Moya, Shiguango y Chongo no aceptaron este último rubro.El 12 de enero de 2015, cuando los asambleístas visitaron Coca Codo, el legislador de AP Óscar Ledesma dijo que iban a hacer “el seguimiento” a la investigación. Este Diario se comunicó el 18 de marzo pasado con él para conocer sobre el seguimiento a la indagación penal, pero este dijo que no sabía del estado de la causa, que “las cosas ahí quedaron”. (I)

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