La Contraloría detectó en el 2015 ocho incumplimientos legales en el proyecto de construcción del Parque Samanes, en Guayaquil, que ahora es objeto de otra acción de control por parte del organismo.

Ese año la institución realizó un examen especial de ingeniería a siete contratos de obras como parte de su plan anual, y este ejecutará uno ‘imprevisto’ a la compraventa de los terrenos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las FF.AA. (Issfa) negoció con el Ministerio del Ambiente.

Parte de esos lotes se convirtieron en el área recreativa.

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El Gobierno sostiene que hubo un ‘exceso’ de pago de $ 41 millones a favor del Issfa y por eso dispuso un cruce de cuentas entre el Instituto y el Estado.

La decisión, adoptada el pasado jueves, molestó a la cúpula militar que, por su postura pública, fue reemplazada por el presidente Rafael Correa.

El pasado lunes, él volvió a defender la medida en su cuenta en Twitter @MashiRafael.

Escribió que era en ‘defensa’ del “dinero del pueblo ecuatoriano” y que “cualquier imprecisión la aclarará el informe de Contraloría”.

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El del 2015 fue aprobado en mayo, y comprendió el periodo entre el 1 de agosto de 2011 y el 31 de diciembre de 2013.

“La finalidad del examen especial de ingeniería es evaluar la ejecución de las obras contratadas por la Empresa Pública de Parques Urbanos”, recogió el documento de la Contraloría.

El organismo evaluó una ‘muestra’ de siete contratos que ascendían a $ 113’217.307,22, y que abarcaban distintas obras en Parque Samanes: viales, paisajísticas, deportivas y otras.

Y determinó que cuatro inobservaron la Ley Orgánica de Contratación Pública, en un total de ocho acciones dentro de los procesos contractuales.

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Los ‘observados’ fueron: PCRE-EPPNEP-011-2012, PCRE-EPPNEP-008-2012, LICO-EPPNEP-002-2012 y LICO-EPPNEP-001-2012.

Los dos primeros eran contratos bajo el régimen especial de la referida ley.

El primer contrato era para la “adquisición e instalación de luminarias led para la zona de canchas”, detalló el informe.

La Contraloría detectó aquí tres incumplimientos legales: no se extendió una “orden de trabajo”, no se constató la “validez y legalidad” de las garantías de “fiel cumplimiento” y “del anticipo”, y no se solicitó la garantía técnica.

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El segundo contrato observado era para la “construcción de canchas, locales comerciales y áreas paisajismo en la zona de canchas”.

El organismo de control señaló dos incumplimientos: que se encargó una construcción sin que se haya realizado la resolución de la terminación unilateral de otro contrato, y que no se liquidó un contrato.

Esto último también fue observado por la Contraloría en el contrato de código LICO-EPPNEP-001-2012, para el “relleno compactado en las 103.673 hectáreas correspondientes al muelle y balneario”.

Al igual que en el caso anterior, la institución explicó que quedaron “valores pendientes de pago” y que no se cerró “administrativamente el proceso”.

Por último la entidad determinó que en el contrato LICO-EPPNEP-002-2012, para la “construcción de la vía paseo del parque”, se seleccionó a un oferente “que no cumplía el requisito de elevar a escritura pública el compromiso de la conformación de consorcio”.

El informe de la Contraloría, de 56 páginas y que está colgado en la web, recogió los argumentos de descargo presentados por los contratistas y la Empresa Pública de Parques.

Se recordó que sus recomendaciones eran de carácter obligatorio. (I)