Ciertos sectores que demandaron la Ley para la Justicia Laboral no descartan retomar las manifestaciones del año pasado si la Corte Constitucional (CC) continúa sin dictar sentencia a sus pedidos.

La norma, en vigencia desde el 20 de abril de 2015, sustituyó el aporte del Estado para las pensiones jubilares por una garantía, permitió la mensualización de los décimos, limitó la repartición de las utilidades, entre otros cambios.

La ley registró siete demandas de inconstitucionalidad, entre abril y noviembre pasado, ninguna de las cuales ha recibido un dictamen final, según se desprende del sistema de causas de la CC. Solo tres, según la misma fuente, ya fueron admitidas a trámite. Sin embargo, los demandantes confirman que la Corte todavía no convoca a audiencia.

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Es el caso del Parlamento Laboral, que en mayo interpuso la acción contra cinco artículos y una disposición de la legislación. Su presidente, Fernando Ibarra, anuncia que la agrupación retomará las movilizaciones hacia la Corte si hasta este mes “no hay una reactivación del proceso”. En el 2015 el gremio organizó algunas protestas en contra de la normativa.

Otros sectores, que también salieron a las calles en el 2015, prevén tomar una decisión en los próximos días.

El Frente Unitario de Trabajadores lo hará el próximo 13 de febrero, en el marco de una convención que abordará varios temas, indica su presidente, Pablo Serrano. Él explica que allí se definirá si se tomarán “acciones de hecho”. El colectivo planteó una demanda contra ocho artículos de la ley, en mayo, pero aún no es admitida a trámite.

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Tampoco la que puso Édison Lima, presidente de la Asamblea Extraordinaria de Jubilados, Pensionistas y Adultos Mayores, en abril, contra ocho artículos. Él cuestiona que la CC no haga ‘justicia’ con un segmento de la población que es de “atención prioritaria”. Anuncia que en la segunda quincena de este mes, durante una reunión de frentes de jubilados, se estudiará “la defensa que amerita esta grave situación”.

A diferencia de estas dos últimas demandas, la interpuesta en noviembre por un grupo de empleados de las telefónicas Claro y Movistar ya fue admitida. Uno de ellos, Eduardo Mora, indica que la notificación llegó el pasado jueves, “70 días después” de su presentación. Él concluye que esto obedeció a la ‘presión’ que se hizo a la Corte en redes sociales. (I)

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Otras demandas
Milton Gualán, asambleísta por PK, y Sebastián Cevallos, dirigente de UP, demandan cinco artículos de la ley, el 22 de abril de 2015.

Un grupo de quince jubilados y el asambleísta alterno Henry Llanes piden la inconstitucionalidad de un artículo, el 27 de abril de 2015.

Los asambleístas Luis Fernando Torres, Cristina Reyes, Henry Cucalón, Cynthia Viteri, Moisés Tacle, Cristina Kronfle, Franco Romero, Ramón Terán y Luis Tapia (todos del PSC, menos el último, que es independiente) objetan cinco artículos de la mencionada Ley de Justicia Laboral, el 7 de mayo de 2015.