Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) asumieron la investigación de casos que generen presunta corrupción de oficio.

El 26 de noviembre pasado aprobaron el reglamento de Denuncias y Pedidos, sin dar a conocer el documento, pues ellos lo habían debatido internamente en un taller. Así, decidieron derogar el Reglamento para el Trámite de Denuncias y Pedidos sobre actos u omisiones que afecten la participación ciudadana, aprobado en el 2013, por los anteriores vocales del organismo.

En el artículo 15 de la nueva norma se dispone que el secretario técnico de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Geovanni Bravo, podrá “previa aprobación” de la presidenta del Consejo, Raquel González “iniciar el procedimiento de investigación cuando llegare a su conocimiento información por cualquier medio o forma de presuntos actos u omisiones que afecten los derechos de participación, generen corrupción o atenten contra el interés público”.

Según Bravo, la institución se ha visto impedida “de indagar sobre denuncias que se generen a través de las redes sociales, correos electrónicos, de la web institucional”, por lo que se decidió iniciar trámites de oficio.

González resaltó en esa sesión la nueva atribución.

El consejero Edwin Jarrín aseguró que la ley del Consejo “no dice” que solo puedan investigar casos a petición de parte, que no están yéndose sobre la ley. Pero para el asambleísta Ramiro Aguilar (antes SUMA), los funcionarios solo pueden asumir las competencias que indica la Constitución y la ley.

Entre otros puntos también se resolvió que las causas iniciadas con anterioridad a la conformación del Consejo, serán depuradas en noventa días. (I)