El contralor general del Estado, Carlos Pólit, rechazó ayer la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción –instancia conformada por doce ciudadanos– respecto a un supuesto perjuicio para el Estado en la construcción de la hidroeléctrica Manduriacu, ubicada entre Imbabura y Pichincha.

Esa comisión denunció el martes un presunto sobreprecio en la construcción de dicha hidroeléctrica, a cargo de la transnacional brasileña Odebrecht.

Es su primera investigación hecha pública, y en ella sostienen que el contrato original se suscribió por $ 124’881.250, pero al final se habría “duplicado a $ 227’389.966,63”.

Jorge Rodríguez, representante de esta agrupación y exmiembro de la extinta Comisión de Control Cívico de la Corrupción, aseveró que esto representaría un “82% adicional”, en su costo. Denunció que la represa apenas estaría produciendo 10 megavatios, de 60 que se ofreció.

Además de la supuesta suscripción de tres contratos complementarios por $ 45’046.496, que “excedería el 35%” que permite la Ley de Contratación Pública, y que existiría un monto no auditado por la Contraloría de $ 57’462.220.

Pólit respondió a ello, ayer, al ingresar a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea, para hablar sobre la Ley de Declaraciones Juramentadas. Dijo que es lamentable que descontextualicen sus informes y se cree un ambiente de desconfianza en el país.

Según la Contraloría, en esta construcción se habrían suscrito tres contratos complementarios por $ 40’220.086,22, que representan el 32,2%, con lo que la comisión estaría “equivocadamente calculando”.

Rodríguez responsabilizó de estas supuestas irregularidades al prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. (I)