Acapulco se convirtió ayer en el epicentro de las protestas de estudiantes mexicanos y familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala (Guerrero) con la toma del aeropuerto de ese balneario turístico, mientras salió a la luz un nuevo escándalo que involucra a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto que viajó con él en una gira.

Con la cara cubierta y armados con machetes, bombas incendiarias, picos y palas, manifestantes y familiares de los desaparecidos cerraron ayer por cerca de tres horas el aeropuerto de Acapulco.

Policías antimotines les impidieron en un primer momento el paso en la principal vía de acceso al aeropuerto. Los manifestantes, la mayoría encapuchados, reaccionaron lanzando piedras contra los gendarmes.

Diez agentes, dos mujeres entre ellos, resultaron heridos por golpes y uno por quemaduras causadas por un coctel molotov, dijo un funcionario de Seguridad Pública estatal.

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El fiscal general, Jesús Murillo Karam, dijo ayer a la cadena Televisa que los estudiantes siguen “en calidad de desaparecidos” y que hay órdenes de captura para doce o trece autores materiales.

Mientras, la Presidencia de México salió ayer al paso de la polémica generada por la revelación en la prensa de que la primera dama, Angélica Rivera, compró en el 2012 una mansión valorada en $ 7 millones a una firma vinculada con el consorcio elegido para construir el primer tren de alta velocidad del país.

Eduardo Sánchez, vocero de Peña Nieto, descartó ayer que tuvieran conocimiento de la revelación periodística sobre la mansión, que se difundió el sábado pasado, y tampoco que influyera en la abrupta decisión posterior de revocar esa concesión al consorcio, encabezado por una compañía china.

El reporte sobre la mansión es una investigación del sitio de noticias de la periodista mexicana Carmen Aristegui.