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Alberto Acosta: ‘Se quiere desarmar lo revolucionario’

Fue el asambleísta más votado de la Asamblea Constituyente y luego como su presidente lideró el proceso de elaboración de la Constitución actual.

Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, en entrevista con este Diario. Foto: redaccion

Fue el asambleísta más votado de la Asamblea Constituyente y luego como su presidente, Alberto Acosta, lideró el proceso de elaboración de la Constitución actual. Ahora vía e-mail y desde la orilla de la oposición, Acosta considera que la Corte Constitucional (CC) ha incumplido su función de garantizar el cumplimiento de la Carta Magna.

¿Cómo considera la actuación de la CC al determinar los cambios a la Constitución vía enmienda?
Lo que hizo la CC era la crónica de una resolución repetida. Similar accionar demostraron en el 2011, cuando Correa planteó un cambio constitucional para “meterle la mano a la justicia”, o en el 2013, cuando se negó a calificar la pregunta sobre el Yasuní y rápidamente le pasó la pelotita al CNE, lavándose las manos. Hoy, la CC, una vez más, incumplió su deber de ser garante de la supremacía constitucional.

El argumento de la CC es que las modificaciones no implican cambios en la estructura del Estado, ¿qué opina al respecto?
El cambio que propone la reelección indefinida o la pérdida de derechos en el caso de la iniciativa ciudadana para convocar a una consulta popular sobre cualquier tema de interés nacional, para citar apenas dos puntos, afectaría tanto derechos como garantías –el límite temporal como garantía normativa en el caso de la reelección indefinida– y la estructura del Estado. No son enmiendas y la Asamblea no tiene competencia para procesarlas. Cuando se elaboró la Constitución no se estaba pensando en restringir derechos (...). Por eso la misma Constitución, en su artículo 84, establece que “en ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.

La disposición que se dejó permitió a quienes llevaban años en el poder optar por un nuevo periodo, y ahora, si se aprueba la enmienda, seguir postulándose. ¿No fue un exceso de confianza haber dejado esa transitoria?
Con esta Constitución se aspiraba a iniciar un periodo distinto en la política, donde se practique una democracia radical, pero ahora es obvio que algunos sectores de Alianza PAIS tenían otra visión y terminaron aprovechándose y tergiversando el sentido democrático de prohibir la reelección indefinida. Este tema fue analizado y discutido, en profundidad, dentro y fuera de la Asamblea. Correa mismo se llenaba la boca defendiendo la Constitución y, hasta hace poco, la no reelección indefinida (...). La alternancia como parte constitutiva de la democracia fue un eje transversal en la Carta Magna (...). La Asamblea, con el aval de la CC, está usurpando la voluntad del pueblo y ayudando a acomodar la Constitución a las urgencias políticas del Gobierno.

¿Qué camino le queda a la ciudadanía para solicitar una consulta popular?
El primer camino es que la sociedad retome su capacidad organizativa y desde allí, las posibilidades de la democracia son múltiples. Una va por la senda de la presión social y la movilización, que ya está convocada para este 19 de noviembre. Otra, por la recolección de firmas para convocar a una consulta popular que no solo debería impedir la reelección indefinida, sino la reducción de derechos, tarea que debería ser liderada por personas que han declinado públicamente sus aspiraciones electorales.

El Gobierno anuncia diez reformas más en temas como la plusvalía y los conocimientos ancestrales, ¿qué implican estos cambios?
El Gobierno está empeñado en reajustar y desarmar los elementos revolucionarios de la Constitución para ponerlos a tono con las exigencias de su restauración conservadora. Permitir que los conocimientos ancestrales sean patentados es ampliar la mercantilización de la vida, una demanda, por lo demás, derivada del TLC con la UE. La propuesta de gravar la plusvalía o forzar a que los banqueros paguen más impuestos puede tener una salida más inteligente.

¿Qué garantías quedan para una Constitución que asambleístas oficialistas dijeron que duraría 300 años y que al día siguiente de aprobada el propio Tribunal Constitucional se autoproclamó Corte y viabilizó la consulta para la reforma judicial?
En manos de este Gobierno, ninguna. La única garantía es el pueblo ecuatoriano. Es deseable que la sociedad se exprese masivamente en defensa de la Constitución (...).

¿Por qué cree que el Gobierno no consulta estos cambios?
Con una palabra de cinco letras se puede explicar eso: miedo. El correísmo se asustó el 23-F con el remezón electoral sufrido. Por esa razón, a renglón seguido frenó la consulta de los YASunidos vía fraude (...). Pero el velo ya se corrió, estoy convencido de que ahora el panorama es otro.

Redacción
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