La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció ayer un negativo impacto sobre la prensa de la Ley de Comunicación, que hace un año y cuatro meses estableció en Ecuador que “la expresión y la comunicación se han transformado en un servicio público”.

“Una significativa reducción del periodismo de investigación en los medios independientes”, un alto nivel de autocensura, el cierre de diarios y suplementos y decenas de sanciones y multas a los medios, así como “un sustancial incremento de reclamos contra los medios por parte de la ciudadanía”, son algunos de los efectos de esta norma, advierte la SIP.

“Para controlar y regular este servicio público están en pleno funcionamiento dos entes (...), que emplean a unos 300 funcionarios que controlan y monitorean periódicos, canales de televisión y radios, en busca de incumplimientos a la ley”, señala el informe sobre Ecuador elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.

El documento, que será discutido en la 70ª asamblea general, que se celebra en Santiago, indica que estos organismos reguladores “también emiten recordatorios y advertencias cuando consideran que algún tema está recibiendo un trato periodístico inapropiado”.

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La Corte Constitucional sostiene que esta ley no atenta contra la libertad de expresión y está en concordancia con la Constitución y los tratados internacionales.

En tanto, el Gobierno del presidente Rafael Correa “tiene la intención de internacionalizar este nuevo concepto y ya presentó en el Parlamento Latinoamericano un proyecto de ley para que los países que lo integran declaren la comunicación como un servicio público y creen órganos de regulación de contenidos”, dice la SIP.

Esta organización, que agrupa a más de 1.300 periódicos y revistas del continente americano, se hace del “cierre del diario Hoy por imposibilidad de financiar sus operaciones mediante créditos o incrementos de capital, tras ser víctima, según sus directivos, de un boicot económico y un permanente acoso político”. “También han cerrado sus ediciones La Hora de Portoviejo y Meridiano de Guayaquil”, agrega.

En su informe sobre Ecuador, la SIP menciona también que en agosto pasado entró en vigor el Código Orgánico Integral Penal, que elimina el delito de injuria y mantiene el de calumnia para quien realice una falsa imputación, con penas de prisión de entre 6 y 24 meses.

Esta norma “crea responsabilidades penales para personas jurídicas como, por ejemplo, las empresas de medios de comunicación”, dice la SIP.

Observaciones
Sobre norma

Sanciones
El informe critica las sanciones de entre seis meses y tres años de prisión para quienes ofendan al presidente o a las autoridades a través de amenazas, amagos o injurias.

Negativa
La SIP denuncia que “continúa la negativa de algunos funcionarios públicos a entregar información que solicitan ciudadanos y periodistas”