El Tribunal Arbitral, conformado por los jueces Gabrielle Kaufmann-Kohler, Brigitte Stern y Stephen Drymer, acordaron el pasado 7 de junio en París que verificarán 'in situ' la contaminación ambiental y la falta de mantenimiento de la infraestructura de los bloques petroleros 7 y 21 de la Amazonía. Aquello motivó la contrademanda del Estado ecuatoriano ante la petrolera Burlington Resources que operó en Ecuador en consorcio con Perenco hasta julio del 2009.

El procurador general del Ecuador, Diego García, mostró su apoyo a la decisión del Tribunal y la calificó como un hecho sin precedentes en el arbitraje de inversiones que lleva adelante la Burlington; dijo que hay toda la "predisposición del Ecuador para organizar la referida visita en la fecha que determine el Tribunal".

Estas diligencias se cumplen bajo las reglas del CIADI en contra del Estado ecuatoriano por una supuesta violación al Tratado Bilateral de Protección de Inversiones (TBI) firmado por Ecuador y Estados Unidos y los contratos de participación en los bloques 7 y 21 que operaba la Burlington y Perenco.

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El Gobierno de Rafael Correa cuestiona estos Tratados, por lo que en octubre del año pasado creó una Comisión Ciudadana para que los audite y determine los perjuicios ocasionados al país; además de establecer su compatibilidad con la legislación ecuatoriana, los impactos económicos, sociales y ambientales a la población en general y a los pueblos y nacionalidades en especial.

Ecuador ha firmado 30 Tratados Bilaterales de Inversión, de los cuales 27 entraron en vigor. De ellos, 10 ya han sido denunciados y 17 se encuentran en proceso de denuncia. Como consecuencia, el país ha sido objeto de 25 arbitrajes internacionales y 9 notificaciones de controversia basados en TBI, según la Senplades.