"Es un puente colgante espectacular, tiene hasta mirador con ascensor panorámico, el único ascensor de todo Tena y Napo, y panorámico además... Lo malo es que los ríos están contaminados por falta de tratamiento de aguas servidas”. El presidente de la República, Rafael Correa, se refirió en el enlace sabatino del 25 de enero pasado sobre esta dualidad de la Amazonía, similar a la de una zona rica en petróleo y pobre.
Correa hablaba en ese entonces del puente atirantado peatonal de acceso al Parque Amazónico La Isla en Tena, capital de Napo, que costó $ 2’315.251 y que fue inaugurado en octubre pasado por el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (Ecorae), que junto a Ecuador Estratégico ejecuta obras en la región, a más de municipios, prefecturas, juntas parroquiales y otros entes estatales.
Publicidad
El puente con forma de arpa se levanta sobre los ríos Pano y Tena, que reciben las aguas servidas sin tratar de Tena.
A casi 42 años de que se inició la exportación del petróleo extraído de la Amazonía, los ingresos por más de $ 122.861 millones, según datos del Observatorio de la Política Fiscal, no han significado la reducción de la tasa de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI), que llega al 78,2% en esa zona.
Publicidad
Entre las cinco provincias del país con más altos índices de pobreza por NBI se encuentran las de mayor producción petrolera: Sucumbíos, Orellana y Napo.
El 52,6% de la población de esas tres provincias se provee de agua de pozo, de ríos, lagunas, lluvias o de carro repartidor, y solo el 36,4% está conectado a la red de alcantarillado, según el censo del INEC en el 2010, el último dato disponible. Estos porcentajes eran del 66,5% y 27,2%, en su orden, en el 2001.
Cinco alcaldes de estas provincias concuerdan en que realizar obras de saneamiento se complica por los presupuestos limitados y obras más caras por lo dispersa que está la población.
El alcalde de Aguarico, en Orellana, Franklin Cox (AP), dice que una batería sanitaria que en Coca cuesta $ 12 mil, en Tiputini, por la lejanía, llega a costar hasta $ 30 mil.
En el 2013, los municipios, prefecturas y juntas parroquiales de las seis provincias amazónicas recibieron $ 284,9 millones del Estado. A Orellana, Sucumbíos y Napo le correspondieron $ 159’391.972.
A diferencia del resto del país, la Amazonía cuenta con fondos especiales. Los ingresos también llegan por los beneficios que la Ley 010, vigente desde 1992, otorga a los amazónicos. Esta ley creó el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. En el 2008 se modificó y el gravamen que nutre al Fondo aumentó de $ 0,50 a $ 1 por cada barril extraído de la región.
Desde el 2008 al 2013, este fondo ha significado alrededor de $ 1.085’097.764 distribuidos a los municipios (58%), consejos provinciales (28%) y juntas parroquiales (5%) de las seis provincias amazónicas y Ecorae (9%). Esta última entidad destina más del 80% de su presupuesto anual para obras como puentes peatonales y vehiculares, programas como el transporte aéreo económico y proyectos agroproductivos.
A esos ingresos se suman, desde julio del 2010, el generado por el 12% de utilidades de las petroleras obtenido con la reforma a la Ley de Hidrocarburos que entró en vigencia por el ministerio de la ley. Estos fondos fueron manejados inicialmente por el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, hasta que en septiembre del 2011 se creó la Empresa Pública Ecuador Estratégico.
Desde el 2011 y hasta octubre del 2013, esta entidad ha invertido $ 671 millones en obras de saneamiento ambiental, vialidad, educación, electrificación, entre otras, en las comunidades de influencia donde se ejecutan proyectos estratégicos en once provincias, según información de la página web del ente, que no incluye el monto total correspondiente al 12% de las utilidades petroleras. A Orellana, Sucumbíos y Napo le han correspondido $ 112, $ 99 y $ 79 millones, en su orden.
El desembolso de estos fondos está sujeto a los proyectos que deben presentar los gobiernos autónomos descentralizados dentro del marco del Plan del Buen Vivir, según la ley.
Rodrigo Román (PK), alcalde de Joya de los Sachas, en Orellana, explica que de acuerdo con la producción petrolera de Orellana, mínimo le corresponde unos $ 162 millones cada año por el 12% de las utilidades petroleras: “Si la ley está vigente tres años, estamos hablando de cerca de $ 500 millones. Dicho por el mismo Gobierno, han invertido más de $ 110 millones en Orellana, entonces hay un remanente”, señala.
Mientras que Ana Rivas (AP), alcaldesa reelecta en Francisco de Orellana, capital de Orellana, dice que esperó seis años por un proyecto de alcantarillado que se ejecuta desde hace 8 meses.