“Están provocando, están deseando la violencia y si eso llegara a ocurrir, la responsabilidad es de aquellos que desafiaron el estado de Derecho, los tres fugitivos, que en lugar de enfrentar sus responsabilidades exponen a esa comunidad”, advirtió ayer el presidente Rafael Correa sobre la protección que el pueblo Sarayaku brinda al exasambleísta Cléver Jiménez (PK), a su asesor, Fernando Villavicencio, y al activista Carlos Figueroa.

Correa cuestionó la decisión de esa nacionalidad amazónica y dijo que podría generar “graves consecuencias” porque los tres protegidos son “prófugos de la justicia”.

En marzo pasado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó contra ellos una condena de prisión por el delito de injurias. Correa los enjuició por afirmaciones que judicialmente hicieron en su contra sobre el 30 de septiembre del 2010.

El mandatario remarcó que no cederá y lanzó la siguiente acusación: “Se creen por encima de la ley, de las cortes; buscan que el Estado reaccione a ver si hay muertos, violencia, para tener un pretexto para pedir que se caiga el Gobierno”.

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Y pidió la reacción de la Procuraduría, el Consejo de la Judicatura y la Policía, sin precisar qué medidas deberían tomar. “Que el Estado reaccione y a ver si hay muertos, violencia”, declaró en rueda de prensa.

El pueblo goza de unas medidas cautelares que impiden el ingreso de la fuerza pública y militar en la zona, ubicada en la provincia de Pastaza.

Aquellas fueron concedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), luego de una demanda que la comunidad impulsó contra la explotación petrolera.

Por este antecedente, el asambleísta César Umajinga (PK) consideró que un eventual ingreso de la fuerza pública sería una violación a los derechos del pueblo Sarayaku y a la sentencia internacional.

“Si algo pasa con los niños y ancianos de la comunidad, será responsable el Gobierno nacional. Si el Gobierno allana a los compañeros protegidos por el pueblo Sarayaku, significaría la presencia militar, sería una guerra civil”, opinó, al tiempo de asegurar que existe documentación sobre la presencia de militares.

El dirigente Sarayaku José Gualinga denunció que helicópteros sobrevolaban el territorio. El Ministerio de Defensa negó esto.

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El asambleísta Carlos Viteri Gualinga, quien es de la comuna y de AP, dijo que José era su primo, pero que ya no ocupaba la presidencia. En una entrevista radial admitió que el tema generaba criterios diversos.

Reacciones
EN ASAMBLEA

Oficialismo
La vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Aguiñaga (AP), reprochó que el pueblo Sarayaku proteja a personas sentenciadas. “No puede ser que ciertos territorios sirvan para albergar a personas que lo que están haciendo es reñir las decisiones judiciales que debemos respetar”.

Oposición
El asambleísta César Umajinga dijo que Pachakutik denunciará la presencia militar ante los organismos internacionales. “Visitaremos la OEA, la ONU y a la Iglesia católica para que ellos hablen sobre esta violación en Sarayaku”.