Tomar la versión del procurador general, Diego García, y la designación de peritos para que realicen la revisión de computadores incautados fueron las primeras diligencias que se cumplieron dentro de la indagación que abrió la Fiscalía para determinar un supuesto hackeo en los correos del presidente Rafael Correa y de otras altas autoridades del régimen.

La investigación, que se inició en octubre del año pasado, incluye al asambleísta Cléver Jiménez (PK), quien –en ese mismo mes– hizo públicos unos correos electrónicos referidos a los litigios con Chevron.

García rindió su testimonio el pasado 15 de enero; la diligencia fue reservada.

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Pero en una entrevista radial, esta autoridad aseguró que Jiménez y su asesor Fernando Villavicencio revelaron información reservada del caso Chevron con la cual hicieron pública la estrategia de defensa del Estado ecuatoriano, lo cual fue una acción “preocupante”.

Según García, al momento no se conoce el impacto que produjo la divulgación de la información a la defensa del Estado. Esto porque no hay detalles de la cantidad de información que supuestamente se filtró.

A la par, el fiscal general, Galo Chiriboga, indicó que se concedieron 30 días de plazo –contados a partir de su designación, el 6 de enero– para que peritos entreguen los resultados de las pericias a las computadoras y otros documentos confiscados en los allanamientos a la oficina y al domicilio del asambleísta y de su asesor, en operativos efectuados la madrugada del 27 de diciembre pasado.

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Acciones legales

Por la publicación de documentos supuestamente hackeados de su correo electrónico, la defensa de la exasambleísta Martha Roldós planteará mañana acciones legales contra los directivos de El Telégrafo, TC Televisión y de la Agencia Andes.